Preocupación en el sector bancario: las familias recurren a los créditos para hacer frente a la inflación

El último informe del Banco Santander no deja lugar a dudas: las familias están haciendo frente a la inflación situada actualmente en el 10,8 % mediante la petición de créditos al consumo para afrontar sus compras, coste de las vacaciones o pagos habituales.

Los datos son que entre enero y junio se han concedido en España 23.100 millones para nuevos préstamos personales y para adquisición de bienes (no inmobiliarios) en la primera mitad del ejercicio, un 3% más que en el mismo periodo de 2021. Además, también se ha incrementado el uso de las tarjetas ‘revolving’, cuya cifra alcanzó en junio los 11.419 millones de euros prestados, el nivel más alto desde enero de 2020.

Esta situación preocupa a las entidades financieras. «Las familias están utilizando el endeudamiento como colchón para hacer frente a la inflación», refleja el informe, –por el incremento en los precios de la luz, de combustibles, alimentos y, en general, de la mayoría de bienes y servicios–.

En la misma línea se pronuncia el Banco de España en su último estudio ‘Informe de estabilidad financiera’. «La proporción de familias endeudadas de rentas más bajas que afrontan una carga financiera neta elevada es superior a la que existe en los estratos de renta más altos, por lo que la capacidad de repago de sus deudas se vería comparativamente más afectada ante un aumento de los precios de la energía».

Así, el Banco Santander advierte: «Cuanto más persistentes sean las presiones inflacionistas y mayores sean las subidas de tipos, menos sostenibles serán el incremento del endeudamiento y la resistencia del consumo».

Protección para clientes vulnerables

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha pedido medidas para proteger a los consumidores «más vulnerables» frente a la situación de elevada inflación y el acceso al crédito mediante tarjetas 'revolving' y créditos rápidos".

Frente a esta situación, CECU considera que las administraciones públicas, a todos los niveles, «deberían» adoptar medidas para que los colectivos más vulnerables se vean afectados «lo menos posible», garantizando «el acceso a una alimentación de calidad, a la movilidad o a tener su vivienda a una temperatura adecuada en plena ola de calor».