¿Controlar los precios de los alimentos? La solución sin sentido que empieza a plantearse para aliviar la inflación

en las últimas semanas se ha extendido el rumor de que en Moncloa circula un informe prospectivo, aún muy embrionario, sobre un posible control de los precios de los alimentos para atenuar el efecto de la subida de la inflación sobre las familias. Al parecer ni Sánchez ni Montero ni Calviño verían factible su aplicación, y de hecho desde el Ministerio de Asuntos Económicos niegan que exista tal informe. También afirman no tener información en Anged, la principal asociación de empresas de distribución. En Consumo, que podría haber sido otro Ministerio implicado, apuntan a Agricultura: «Son los responsables de la ley de la cadena alimentaria, a través de la que se ha intentado controlar el alza de los precios», nos indican.

Ante esta posibilidad, el catedrático de Economía Mikel Buesa señala que «el control de precios no ha funcionado nunca». En España se aplicó durante una determinada época del franquismo. Con el pretexto de que los especuladores aprovechaban su poder para fijar precios altos para la población, se controlaban y se aplicaban sanciones a quien incumpliera los límites. Con el paso de los años, la experiencia demostraba que el control de precios servía para que los productores más eficientes ganaran cuota de mercado y para que se desarrollara el mercado negro. Quienes no podían vender a esos precios limitados se salían del mercado oficial. En una situación de restricción de oferta (aceite, cereales, pollo), el principal efecto del control de precios era la retirada del mercado legal de parte del producto para venderla en el mercado negro. En este caso las principales perjudicadas son las personas con menor nivel de renta. El control de precios se mantuvo durante muchos años en España, y hoy sigue en pocos ámbitos: básicamente en los taxis, la ITV y los medicamentos genéricos.

«El control de precios de los alimentos solo podría estar justificado en el caso de una situación muy excepcional», añade Buesa. ¿Lo es la actual? El precio del aceite ha subido casi un 30 % respecto al año pasado y un 24 % en lo que va de año, según el INE; los huevos y la leche lo han hecho en más de un 22 % respecto al año pasado, los cereales en más de un 20 %, el pan en casi un 15 %, la carne de vacuno en más de un 14 %... La inflación ha subido el 10,8 % en España y las familias sufren el aumento de precio de los productos más básicos. Controlar los precios no parece la solución, aunque en otros lugares se planteó hacerlo.

A principios de año se hablaba sobre ello en Estados Unidos. Con la inflación en el 7 %, la máxima en cuatro décadas, a algunos les parecía apropiado pensarlo. La mayoría de economistas y políticos lo rechazaba. Nixon había implantado el control de precios en los años 70 y en su primera versión se desaceleró temporalmente la inflación, pero en las siguientes ocasiones no lo logró.

En otros países se han puesto en marcha medidas en este sentido. En Hungría Viktor Orbán decretó precios máximos a partir del 1 de febrero y durante tres meses para la harina, el azúcar, el aceite de girasol, la leche, el jamón de cerdo, la leche ultrapasteurizada y la pechuga de pollo. En Argentina, a final del año 2021, la inflación superaba el 50 % y el Gobierno congeló el coste de más de 1.000 artículos para el hogar.

Si se pensara aplicar en España, habría que tener en cuenta que la regulación de precios en principio es inconstitucional; iría contra la libertad de mercado y la Unión Europea se pondría en contra.