Las claves del impuesto a los bancos y eléctricas que este martes se vota en el Congreso

El Congreso de los Diputados se prepara para votar el impuesto a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas con el que el Gobierno pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años. La medida afecta a una veintena de grandes empresas españolas.

Por un lado, gravará el 4,8 % sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a 800 millones de euros. Por otro, apunta al 1,2 % de las ventas totales de las compañías energéticas que ganen más de 1.000 millones de euros al año.

¿Se trasladará al consumidor?

Es la pregunta de la discordia. La norma es clara en este aspecto. Multará a aquellas compañías que repercutan sobre el cliente parte del impuesto. La proposición de ley incluye una sanción del 150 % del importe trasladado y otorga a Competencia (CNMC) el papel de encargado de velar por su cumplimiento.

Sin embargo, será difícil corroborarlo, especialmente en lo que respecta a la banca. La subida de los tipos de interés y la escalada del euríbor ya han generado un endurecimiento de los préstamos y un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas variables. Además, la mayoría de expertos prevén que las nuevas hipotecas fijas concluyan el año con un tipo de entre el 2,5 % y el 3 %. Una situación que podría ayudar a maquillar la repercusión de la tasa a los clientes.

¿Cuándo entra en vigor?

Si finalmente la proposición de ley es aprobada, este impuesto temporal echará a andar el 1 de enero de 2023 y se alargará hasta el 2024. Sin embargo, afectará a las cuentas de resultados de los ejercicios correspondiente a 2022 y 2023 (los dos años anteriores).

¿A qué grandes empresas afecta?

Hasta 19 grandes empresas españolas deberán hacer frente al gravamen. El impuesto afecta a todos los bancos que cotizan en el Ibex 35: Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Banco Sabadell. Pero también a otros de menor tamaño como Cajamar, Ibercaja, Unicaja y Kutxabank. Abanca, que no alcanza unos ingresos superiores a los 800 millones, queda fuera.

Por su parte, el impuesto a las energéticas recaerá sobre Iberdrola, Naturgy, Endesa, Acciona y EDP; sobre las petroleras Repsol, Cepsa, Galp y BP, y también Disa, la compañía con sede social en Canarias.

¿Saldrá adelante en el Congreso?

Todo hace indicar que sí. Los socios parlamentarios del Gobierno tienen previsto apoyar la toma en consideración de la proposición de ley, el primero de los muchos trámites parlamentarios que quedan.

En contra, se presentará el Partido Popular, que -desde su anuncio- anticipó su rechazo. «Estoy convencido de que el impuesto a la banca se repercutirá a los ciudadanos: o subidas de céntimos en las comisiones o incrementos en los tipos de los préstamos o una retribución nula para los depósitos o dando menos crédito», dijo el líder del principal partido de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo el pasado julio.

Una postura más dura ha mostrado Vox con respecto a la norma. Los de Abascal han vacilado con frenar la proposición de ley en el Tribunal Constitucional a través de un recurso.

¿Y qué dicen los bancos y energéticas?

Ambos sectores prometen batalla, especialmente las entidades financieras que podrían verse envuelta en una tediosa batalla judicial. Las patronales de la banca y las energéticas coinciden al asegurar que el impuesto será ineficaz para contener el alza de los precios, y solo provocará una contracción en la actividad económica.

A las puertas de su primer pulso con en el Congreso, tanto la AEB y la CECA, como las asociaciones que representan a las energéticas, tratarán de introducir enmiendas a través de los grupos parlamentarios una vez que la proposición de ley sea tomada en consideración.