Los súper y los hipermercados, indignados con las ideas de Díaz y Garzón sobre el control del precio de los alimentos

Las principales asociaciones de supermercados e hipermercados han salido al paso de las ideas de Yolanda Díaz y Alberto Garzón en torno al control del precio de los alimentos. Las asociaciones que se han pronunciado, y que han emitido un comunicado conjunto, son Anged, que agrupa a compañías como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés y Eroski; ACES, que suma 3.187 supermercados de Carrefour, Auchan, El Corte Inglés y Eroski en todas las comunidades autónomas del país, y Asedas, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, que incluye a Mercadona, Ahorramas, Dia, Condis y LIDL, entre otros.

Las compañías lamentan el desconocimiento de los ministros sobre su sector y la proyección que se está lanzando a la opinión pública acerca de su negocio. «Frente a escaladas de precios de hasta tres dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación; en especial, la distribución», afirman desde Anged.

Según los datos del Ministerio de la Agricultura, solo disponibles hasta mayo, los precios en origen han subido 33 puntos desde enero de 2021, los de la industria alimentaria 22 puntos y los pagados por los consumidores solo en 12 puntos.

Las distribuidoras aseguran que están haciendo grandes esfuerzos para no subir los precios de los productos a pesar de que se les han disparado los costes. La electricidad en los mercados mayoristas ha subido un 282 % entre enero de 2021 y hasta julio de 2022, el gas lo ha hecho en un 395 % y componentes tan importantes para la producción primaria o la industria alimentaria como los cereales se han encarecido más de un 170 %. El vidrio, el cartón o el plástico han repuntado en torno al 120 %.

Y les añaden costes regulatorios

Las asociaciones se quejan además de que en el último año se ha impuesto a sus empresas una treintena de medidas que encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad e importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación, entre otras cuestiones. También se ha propuesto avanzar más rápido y con mayor carga regulatoria que la recogida en las propias directivas europeas en cuestiones como cadenas de valor, etiquetados, economía circular, plásticos, residuos o transición energética, incluso de forma fragmentada entre comunidades autónomas.

Frente a esta avalancha regulatoria y ante el incremento de costes coyunturales asociados a la pandemia y la invasión de Ucrania, las asociaciones sugieren a los ministros algunas medidas si realmente quieren que baje el precio de los alimentos. La primera es bajarles temporalmente el IVA, «una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses y tuvo resultados positivos». También piden suspender temporalmente los impuestos medioambientales, que «penalizan el consumo», y reducir el coste regulatorio.

Además, solicitan un Estatuto de Sector Esencial que apoye a sus empresas con el coste de la energía como se está haciendo en otros sectores, ya que «el alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año», indican.

Como se ve, el sector pasa al contraataque. Frente a las propuestas de control de los precios de los alimentos, sugieren unas medidas que les parecen más razonables para un negocio como el suyo. A diferencia de lo que dicen Díaz y Garzón, afirman que los márgenes de la distribución son muy estrechos.