La burocracia y la incompetencia frenan los fondos europeos

En julio de 2020, hace ya más de dos años, Pedro Sánchez anunciaba como si nos hubiera tocado el Gordo que España recibiría unos 140.000 millones de fondos europeos. La pandemia había teñido nuestra situación económica con un tono tan negro que muchos recibieron la ayuda con gran alborozo. Los propios ministros aplaudieron al presidente del Gobierno cuando llegó a la Moncloa.

Dos años después de aquello, hay pocas noticias de los fondos europeos. La complicada situación económica (11,3 % de caída del PIB en 2020, según los últimos datos) demandaba que el dinero llegara rápido a los usuarios finales, pero la realidad es que no se está consiguiendo. La información más reciente de la Intervención General del Estado (IGAE) señala que a 31 de julio se habían ejecutado 4.500 millones de euros, el 15 % del total de fondos previstos para el año 2022. La CEOE admite que el despliegue de las inversiones se ha acelerado, pero el ritmo sigue siendo lento. «Aunque en la Conferencia Sectorial se acordó la distribución de 15.581 millones de euros (11.247 millones en 2021 y 4.335 millones en 2022), en realidad una parte considerable de los mismos no ha sido recibida», indican.

La directora senior de la unidad Next Generation EU (fondos europeos) de la consultora LLYC, Paloma Baena, piensa que la ministra Nadia Calviño no miente cuando dice que el despliegue de los fondos europeos alcanza ya la velocidad de crucero. Afirma que el dinero se ha enviado a las comunidades autónomas, pero después no llega al usuario final en la medida que sería deseable. «No tenemos información de la ejecución final de los fondos. No hay mucho dato actualizado. Hay licitaciones desiertas», reconoce. Falta transparencia. Baena también admite que el Gobierno debería ser el que actuara para que el proceso funcionara y llegaran los fondos.

El gran problema es la burocracia. Baena trabajó en la OCDE y el Banco Mundial antes de llegar a LLYC. Ya desde esos lugares se hablaba con frecuencia de la lentitud de la Administración Pública española. «No se distingue por su rapidez y su flexibilidad», afirma.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, afirma desde hace un año que los fondos europeos no funcionan y no van a funcionar. «Incluso en los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que deberían ser más ágiles, vemos que hay empresas que están renunciando», indica. ¿Por qué renuncian? «Porque el sistema es perverso. Está mal diseñado. Las ayudas no llegan en los plazos previstos y se ha establecido una burocracia tan grande que las empresas y los empresarios no quieren arriesgar. Es muy significativo de la gestión de este Gobierno que salgan dos empresarios como Amancio Ortega y Juan Roig diciendo que no quieren fondos europeos: que lo que quieren es que les dejen trabajar», afirma el responsable económico del PP.

Impacto menor del esperado

El retraso en la ejecución de los fondos ya llevaba al Banco de España a prever a final de 2021 un impacto menor del dinero europeo en el crecimiento del PIB: del 3,4 % que le atribuían inicialmente entre 2021 y 2022, lo reducían al 1,6 %; 1,8 puntos menos. Más recientemente, en abril, lo disminuían al 1,4 %. Baena reconoce que el impacto «no va a ser tan importante como esperábamos». A pesar de ello piensa que van a tener un papel relevante, porque si no existieran, «la inversión pública habría sido cero y porque nos incluye en la visión a medio-largo plazo europea en la que se acelerarán apuestas como el hidrógeno, en el que podemos tener un papel importante».

La cuestión es cuándo llegará el dinero con fluidez al usuario final, a las empresas. Viendo la lentitud con la que se desarrolla el proceso, no es descartable que la ejecución recaiga en mayor medida sobre el Gobierno siguiente.

Mientras el proceso se acelera o no, las empresas e industrias esperan a que avancen los PERTE correspondientes. Así nos lo indican por ejemplo desde Anfac, la principal asociación de fabricantes de vehículos, que aguarda para final de mes o la primera quincena de octubre la resolución final sobre el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, uno de los que más expectativas ha levantado.

En la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), pendientes del PERTE de energías renovables, afirman que han empezado a darse ayudas, pero que «si tienen tres años más como línea de actuación, de momento no podemos entrar en valoraciones, porque aún queda tiempo y están dentro de plazo. Estas cosas suelen ser lentas».

Desde el ámbito espacial también se sigue con interés el desarrollo del PERTE aeroespacial. En este caso lo más relevante es que pueda dar origen a la agencia espacial española. Nuestro país es el único avanzado que no cuenta con una agencia de este tipo. La iniciativa parte de una idea lanzada por Iván Redondo en abril de 2021 en la que hablaba de vincular la agencia con la seguridad nacional. Fuentes del sector valoran muy positivamente que se haya puesto al frente del proyecto a Miguel Bello, un ingeniero aeronáutico brillante e independiente que trabajó en GMV y Deimos, entre otras empresas. Bello cuenta con mucha mano izquierda que le resultará útil para empujar el proyecto entre los catorce ministerios que participan y para no desesperarse con la lentitud de la burocracia.

Estos tres ambiciosos PERTE forman parte de los once ambiciosos macroproyectos con los que se busca transformar la economía española. Entre los otros ocho hay algunos menos concretos y aparentemente más difíciles de sacar adelante. Es el caso del relacionado con la Nueva economía de la lengua, que en principio movilizará 1.100 millones de euros para una inteligencia artificial que piense en español. Como el resto, habrá que ver si se desarrollan con éxito y cuándo lo hacen.