La crisis energética tardará años en resolverse

La Comisión Europea ha presentado esta semana su propuesta para intentar aprovechar lo que denominan beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para paliar la delicada situación que sufren ciudadanos y empresas por el elevado coste de la luz. La presidenta, Ursula von der Leyen, ha señalado que la institución espera recaudar 25.000 millones drenando temporalmente el 33 % de lo que consideran ganancias extra de las firmas de combustibles fósiles y 117.000 millones topando en 180 euros también por un tiempo los ingresos por megavatio/hora de quienes generan renovable o nuclear; en total, 140.000 millones que dicen que destinarán a ciudadanos vulnerables, la industria electrointensiva o a propiciar la autonomía energética, entre otros.

Para catedráticos como Mikel Buesa, la medida refleja pánico en la Comisión, y además es contraproducente. El recorte en los beneficios implica que las empresas serán más remisas a invertir. La menor inversión puede traer menos empleo, y la limitación de los beneficios, puede llevar a un menor número de empresas participando del negocio, menos competencia, y menos posibilidad de que bajen los precios. Buesa recalca que no tiene sentido castigar a quienes ganan más dinero porque han sabido ajustar mejor sus costes. El intervencionismo no sirve para ampliar la oferta y que se reduzcan los precios. Las comercializadoras independientes están perdiendo miles de clientes en favor de las operadoras dominantes desde septiembre de 2021 por la nueva legislación que se está promoviendo.

La solución es de corto plazo, y lo que necesita Europa es un plan energético a medio-largo plazo. Como recordaba el economista Daniel Lacalle en una entrevista que publicamos recientemente, la Unión Europea se ha disparado en el pie con su política energética: prohibió el desarrollo de gas no convencional, cierra nucleares mientras el resto del mundo invierte o prolonga la vida de las existentes, pone trabas a la inversión en redes y ahora añade riesgo regulatorio a las renovables. En este contexto, Europa lanzó a Rusia el órdago de que no iba a comprarle más cuando no tenía con qué cubrirse las espaldas. La consecuencia se ve en países como el nuestro. En julio aumentamos las importaciones de gas ruso en un 141 % y en agosto un 102,19 % con respecto al mismo mes del año anterior. Rusia se afianza como nuestro cuarto principal suministrador de gas.

Europa no necesita este plan a corto plazo, y España podría aplicar otras medidas para rebajar la factura de la luz. Como recordaba Lacalle en nuestra entrevista, el Estado va a recaudar unos 11.000 millones de euros con la tarifa eléctrica en 2022. Podría ver el modo de aligerar el recibo de los españoles con ese dinero, o con el que recauda a través de la venta de derechos de emisión de CO2 (más de 2.000 millones de euros anuales). Junto a ello, tanto España como Europa podrían estudiar el modo de reducir impuestos y costes que no tienen nada que ver con la luz que gastamos (el 75 % de los costes de la tarifa son impuestos y costes regulados según Lacalle). Todavía estamos pagando en la factura el déficit de 25.000 millones de euros provocado por Zapatero con las renovables. Habría además que diversificar las fuentes de energía y de suministro. Las renovables jugarán su papel, pero frente a los que solo apuestan por este tipo de energía, la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de diversificar y disponer de fuentes que suministran energía de un modo más estable y a un precio asequible como la nuclear para que no se disparen los precios. Junto a ello se debería desvincular de una vez la relación de los precios de la tarifa regulada con el precio mayorista diario. Somos el único país de Europa que lo hace y es la razón de que se disparen los precios. Los demás países de Europa los vinculan con el mercado de futuros, algo que hace la tarifa más previsible.

La colección de medidas que habría que tomar es extensa, y por eso los expertos estiman que Europa tardará años en tener un sistema energético mejor. Cuanto más se tarde en empezar, peores serán las consecuencias, pero la Comisión de momento no está teniendo mucho éxito con sus propuestas. Países como Noruega, Estados Unidos o Argelia, que han ayudado a sustituir el gas ruso, se han opuesto al tope al precio del hidrocarburo que Bruselas pretendía imponer a los países europeos que compran en el exterior. Tampoco parece que vaya a prosperar la sustitución por otro del índice TTF –el euríbor del gas–, que los expertos critican por su falta de vinculación con el coste real del gas. A todo ello hay que unir que las renovables tienen un coste de 40 euros por megavatio/hora, muy lejano al del tope de 180 euros por megavatio/hora que quiere imponerse. Como se puede comprobar, se están dando muchos palos de ciego en Bruselas. Lo que hace falta son buenos técnicos que aparquen a los políticos y diseñen una política energética sensata para el continente.