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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la XXV Interparlamentaria de su formaciónEFE

Los tres paquetes fiscales con los que Feijóo inicia la batalla contra Sánchez

Mañueco, Ayuso y Juanma Moreno anuncian tres paquetes tributarios en tan solo 20 días. El Gobierno se plantea centralizar los impuestos, para neutralizar las medidas

El Partido Popular abre una batalla fiscal con el Gobierno. Las comunidades populares han anunciado, durante los últimos días, una batería de medidas tributarias en la recta final de la legislatura. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el último en anunciar una orden tributaria con la que quiere ahorrar 360 millones a los andaluces. El popular suprimirá el Impuesto de Patrimonio y se suma a la deflactación del IRPF que días antes impulsó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No es la única ofensiva fiscal. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el pasado 31 de agosto un paquete de rebajas tributarias por valor de 36 millones de euros. Una de ellas apunta al primer tramo autonómico del IRPF, que se verá recortado en un 5,3 %.

Un «despropósito» para el Gobierno

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. El ministro de la Seguridad Social, José Manuel Escrivá, apostó este martes por centralizar los impuestos. «Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras», dijo en declaraciones a Onda Cero.

La batalla está servida. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, amplió la respuesta y afeó las rebajas de impuestos populares. «¿Cómo van a suplir esos 92 millones que (Andalucía) va a dejar de ingresar? ¿En qué va a recortar? Luego no vale poner la mano para que Papá Estado, con recursos del otro 99,8 %, sufraguemos para que quienes tienen más de 700.000 euros no paguen nada», dijo en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Tres anuncios, tres semanas

Las Cortes de Castilla y León deberán votar en las próximas semanas el paquete de medidas fiscales aprobadas el pasado 15 de septiembre por el Consejo de Gobierno que dirige Fernández Mañueco. El proyecto de ley incluye una rebaja del primer tramo del IRPF autonómico, que pasará del 9,5 % al 9 %.

Además, cuenta con varias medidas de apoyo al ámbito rural. Entre ellas, bonificaciones tributarias destinadas al desarrollo empresarial y poblacional de las zonas agrarias. El coste para las arcas autonómicas será de 36 millones de euros cada año, según los datos estimados por el Ejecutivo castellanoleonés.

Meses antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que deflactaría del IRPF autonómico de 2023, durante un desayuno informativo organizado por El Debate. Sin embargo, el avance de la inflación –que cerró agosto en el 10,5 %– adelantó la entrada en vigor de la medida, que finalmente tendrá efectos en la declaración correspondiente al ejercicio 2022.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Foro de El Debate.Paula Argúelles

La medida garantiza que los madrileños a los que les suban el sueldo aporten lo mismo. Es decir, el mecanismo permite que el trabajador mantenga su capacidad económica en un contexto de inflación.

Ayuso marcó el camino fiscal del PP en mayo, y Juanma Moreno recogió el testigo. El jefe del Ejecutivo andaluz deflactará la tarifa del IRPF en un 4,3 % en los tres primeros tramos de la tarifa autonómica e incrementará en otro 4,3 % las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico.

Con esto, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo marca el ritmo de su estrategia económica y abre una batalla fiscal con la Moncloa a pocos meses de las elecciones autonómicas de mayo.

El debate se trasladó este martes a la sala de prensa del Consejo de Ministros. Allí, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se preguntó «¿qué intereses defiende el PP que no está en los asuntos de Estado?», antes de recordar que el principal partido de la Oposición no ha votado a favor ni de la reforma laboral, las pensiones, las becas o los abonos transporte gratuitos.