Impuesto a los ricos
El nuevo impuesto a los ricos: ¿qué se considera una «gran fortuna» en España?
Hacienda prepara la creación de un nuevo impuesto extraordinario temporal que afectaría a un 1 % de la población Española
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este jueves que el Gobierno trabaja para impulsar este impuesto especial a las grandes fortunas de forma temporal «para pedir un esfuerzo a los que más tienen en estos momento de dificultad» y ayudar así «a las clases medias trabajadoras». El gravamen entraría en vigor el próximo 1 de enero de 2023.
Pedro Sánchez justificó la medida en su intervención en la Asamblea General de la ONU alegando que la justicia fiscal es «más necesaria que nunca», otorgándole mayor importancia a que «todos contribuyan en función de sus recursos», pues únicamente eso podría reforzar el estado de bienestar.
¿Cómo se define una «gran fortuna»?
Hasta el momento, el gravamen de la riqueza en España se ha llevado acabo a través del impuesto sobre Patrimonio. Una gran fortuna podría referirse a aquellas que parten de un millón de euros, como establece este impuesto, ya que se aplica a las fortunas superiores a los 700.000 euros, sin contar los 300.000 euros del valor de vivienda habitual.
Sin embargo, Montero no concretó a quién afectará el tributo a las grandes fortunas, con lo que se desconoce. Además, en otras comunidades como Aragón, el umbral baja, situándolo en 400.000 euros. Otras como Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana fijan su punto de partida en medio millón de euros.
¿Cuánto recaudaría esta medida?
El actual impuesto de Patrimonio, representado por el 0,2 % de todos los ingresos, recauda unos 1.200 millones de euros al año. También podría haber subido hasta los 10 millones de euros que propuso Unidas Podemos en junio si el PSOE hubiera aceptado este impuesto específico antes del verano.
¿Afectará a extranjeros con propiedades en España?
Se trata de un asunto que todavía no se ha aclarado. En 2013 se publicó una ley que daba un permiso de residencia a aquellos extranjeros que no residieran en la UE y que realizaran una inversión en un bien inmueble por valor de 500.000 euros. Con esta medida España buscaba atraer inversiones al país, mientras que los beneficiarios podrían obtener la residencia para sí y para sus familiares sin la necesidad de permanecer en este durante un determinado periodo de tiempo.