Mientras la recaudación se dispara, Montero lanza otro bote de humo: la reforma fiscal

Hace unos días un experto economista comentaba a un reducido grupo de periodistas lo feliz que hace a los gobiernos tener una inflación alta. Nunca lo reconocerán en público, pero el hecho es que la recaudación se dispara, y con ello el Ejecutivo tiene más recursos. En el caso de nuestro actual Gobierno, ese es un caramelo irresistible que puede emplear para gastar más o para dar al dinero un uso más razonable.

La noticia del aumento de la recaudación podría no ser tan mala si se le diera un buen uso; por ejemplo, si se empleara para reducir los intereses de la deuda, que cada vez van a suponer un mayor quebradero de cabeza para las cuentas del país. Sin embargo, a día de hoy no sabemos qué va a hacer el Gobierno con esos 23.000 millones de más que llevaba recaudados hasta el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año pasado.

Lo que sabemos es que a este Gobierno le gusta mucho gastar: el año pasado gastó 608.000 millones de euros, 22.000 millones más que el año anterior; que el ahorro de los españoles baja a gran velocidad: entre abril y junio se situó en el 8,5 % de la renta disponible, según el INE, la tasa más baja desde finales de 2019 (en 2020 llegó al 25,1 %); que la inflación sigue siendo muy alta, como se refleja en el precio de productos básicos, y que las hipotecas están subiendo y van a subir más porque el Euríbor se está incrementando y va camino del 3 %.

En medio de este contexto, el Gobierno se niega a adoptar algunas medidas que parecen razonables. Una de ellas es rebajar puntualmente el IVA de los productos de alimentación, algo que ayudaría a reducir su precio, según indica la gran distribución. Otra de ellas es deflactar la tarifa del IRPF, que se ha pedido hasta la saciedad, y que llevaría a a los ciudadanos a pagar menos impuestos por la subida de la inflación y al Estado a recaudar menos. Tampoco el Gobierno habla nunca de ser más eficiente en el gasto público, especialmente en la reducción de gasto político. Es más: los diputados se han subido el sueldo un 3,5 %.

Frente a estas medidas que podrían ser razonables, el Gobierno ha optado por presentar un paquete fiscal con un claro tinte electoralista, centrado en captar votos con el clásico esquema Robin Hood de perseguir a los ricos para dar el dinero a los pobres.

El problema es que en las medidas hay mucho más de humo que de realidad. La rebaja de impuestos anunciada el jueves solo afecta a los que ganan más de 15.000 euros y menos de 22.000: el 20 % de la población; mucho menos que el 50 % del que hablaba Montero y desde luego muy por debajo del 99 % al que la ministra señalaba en Onda Cero que favorecía la reforma.

El grueso de la recaudación de estas nuevas medidas vendrá por los cambios impulsados en el Impuesto de Sociedades. Los grupos fiscales consolidados verán limitada al 50 % su posibilidad de compensar pérdidas. Tendrán que anticipar parte de su recaudación futura. Otro obstáculo más para quienes podrían crear empleo en el escenario de desaceleración económica o recesión que viene.

La elevación del tipo fiscal máximo al 28 % para las rentas de más de 300.000 euros no incentivará el ahorro, y puede provocar la fuga de capitales a países como Portugal.

El llamado impuesto de la solidaridad gravará las fortunas por encima de 3 millones de euros para compensar las bonificaciones que se dan en Madrid y Andalucía. Otra medida electoralista y también favorable a la recaudación centralizada: los ingresos de este impuesto van al Estado, no a la comunidad autónoma, como ocurre con el de Patrimonio.

Como se ve, por tanto, el efecto positivo de esta rebaja de impuestos anunciada por Montero va a ser más que dudoso. Mientras que la ministra anunciaba que las medidas beneficiarían en 400 euros al año a cada afectado, 1 euro al día, el economista Daniel Lacalle recuerda que una familia que gana 21.000 euros está pagando unos 600 euros anuales más por no haberse deflactado la tarifa del IRPF. Lo que dicen dar por un lado, lo quitan por otro. Los españoles tendrán que decidir si dejan que les tomen el pelo, o no.