Macron ordena al personal en huelga de refinerías y gasolineras que vuelva al trabajo para atajar la crisis de carburantes

Cuando se cumplen más de dos semanas de huelgas en las refinerías de Francia, el Gobierno del presidente Emmanuel Macron se ha visto obligado a intervenir y ordenar a algunos trabajadores del sector que reanuden la actividad por ley.

Se trata de una imposición de momento limitada, ya que únicamente afecta a «un pequeño número» de trabajadores de los depósitos de ExxonMobil en Port Jérôme para que pueda salir el combustible en dirección de las gasolineras.

El sindicato Confédération Générale du Travail (CGT) respondió amenazando con pedir a sus miembros que se unan a los piquetes frente a las refinerías administradas por TotalEnergies y ExxonMobil.

Con los trabajadores de un 44 % de las estaciones de servicio francesas en huelga, Macron se encuentra con el agua al cuello en un momento en el que lucha por contener la crispación de los ciudadanos por la crisis energética y la inflación.

Xavier Bertrand, líder del consejo de Hauts-de-France, acusó al presidente galo de no poder controlar el conflicto. «Tenemos que salir de este lío. Ya no es un problema entre una empresa y sus trabajadores, sino una perturbación del orden público nacional», aseveró Bertrand.

En opinión de Bertrand, la solución planteada por Macron –que solo afectaría a los trabajadores de ExxonMobil– «no cambiaría nada», e instó al presidente a ordenar que el personal de las refinerías vuelva a trabajar también.

Lo que dice la ley en Francia

Sin embargo, incluso la imposición limitada del Gobierno para que algunos trabajadores reanuden su actividad ha sido denunciada por la izquierda como una violación del derecho de huelga. «Espero que esta sea la chispa que encienda un movimiento de huelga general. La ira en el país es tal que realmente existe la posibilidad de bloqueos y de cambiar las políticas liberales implementadas por el gobierno», asegura Sandrine Rousseau, diputada del partido Europa Ecología-Los Verdes

Según la ley francesa, el gobierno puede obligar a los trabajadores que suspendan la huelga si existe un riesgo para el «orden público, la salud, la tranquilidad y la seguridad». Los abogados dijeron que los ministros de Macron podrían usar la legislación para garantizar un suministro mínimo de gasolina, especialmente para trabajadores clave como policías y médicos, pero no podían obligar a todo el personal de refinerías y depósitos a regresar a sus puestos.

Los empleados que se nieguen a ir a trabajar después de haber recibido una orden de requisición se enfrentan a una pena máxima de seis meses de cárcel y una multa de 10.000 euros.

Las huelgas en las refinerías, que comenzaron el 27 de septiembre, han causado un caos generalizado en un tercio de las 11.000 estaciones de servicio de Francia, según datos del gobierno.

Los paros han dado lugar a la proliferación del mercado negro. Al menos seis hombres han sido detenidos en los suburbios de París por vender gasolina en bidones a precios de hasta 3,50 euros el litro, en comparación con los 2 euros el litro que cuesta en la mayoría de las estaciones.