Por qué los Presupuestos son más que un insulto al Rey

En 2013, el techo de gasto de la Administración General del Estado fue de 126.792 millones; el proyecto de Presupuestos para 2023 incluye uno de 173.065 millones. En diez años, el incremento del techo de gasto será de 36,5 %. Pero si incluimos el gasto a financiarse con fondos procedentes de la Unión Europea, será aún mayor: 198.221 millones, lo que conlleva un aumento de 56,3 % con relación a 2013.

Como referencia, téngase en cuenta que el gasto total del conjunto de Administraciones Públicas, que en 2013 fue de 473.400 millones, el año próximo alcanzaría a 687.700 millones. De ambas cifras surge un incremento acumulado de 45 %.

Entre 2013 y 2023, por ejemplo, las Cortes Generales verán incrementado su presupuesto un 33 %, el Consejo de Estado un 51 % y el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, más de un 20 %.

En el mismo período, la partida destinada al Ministerio de Justicia crecerá 53 % y la del Ministerio del Interior lo hará 45 %. El desdoblamiento de algunos ministerios y el cambio de competencias hace difícil conocer la evolución de cada uno de ellos. Baste añadir que el Ministerio de Igualdad tendrá en 2023 un presupuesto de 564 millones, el de Consumo uno de 65 millones y el de Cultura y Deportes una partida de 1.514 millones.

Dentro de todo este vertiginoso incremento del gasto público, hay una notable excepción: la Casa de S.M. el Rey, cuyo presupuesto permanece congelado en 8 millones desde 2013. Si ese año el gasto de la Casa Real equivalió al 0,0017 % del gasto público total, el año próximo representará menos del 0,0012 %.

Antes de su congelamiento, el Presupuesto Real no había sido la excepción en los recortes de gastos que fueron necesarios para ordenar las cuentas públicas tras el descalabro que dejó Zapatero: en 2012 se recortó un 2 % y en 2013 un 3,2 % adicional, acumulando un recorte total de 5,1 % en el bienio 2012-2013.

El congelamiento del presupuesto de la Casa Real, en un contexto de crisis inflacionaria, al mismo tiempo que el Gobierno incrementa sus propias remuneraciones un 4 %, es, simplemente, un insulto. Un insulto que no puede sorprender ya que procede de un Gobierno comunista.

Por eso mismo, en verdad, es algo mucho peor que un insulto: es la prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja activamente por el desprestigio de la Monarquía y no duda en debilitar esa institución fundamental.

En tiempos «normales», el debate entre Monarquía o república puede resultar hasta sano. Pero cuando una parte del Gobierno es abiertamente comunista (y la otra parte consiente la implementación de esa agenda), no hay debate alguno: hay un intento de demoler nuestro sistema de libertades desde dentro.

¿Por qué la permanencia del Rey es garantía de nuestra libertad? Porque es la última barrera que impide la ambición máxima de los ministros de fuerzas antisistema y disolventes que Pedro Sánchez ha elegido como compañeros de viaje: la «bolivarianización» de España y su desmembramiento.

Es obvio que, hoy por hoy, ninguno de los políticos que podría aspirar a ser presidente de una república española tiene una envergadura moral ni intelectual que pueda siquiera aspirar a competir con la de Felipe VI. Es obvio, también, que ningún político podrá ofrecer jamás la independencia frente a partidos, sindicatos y lobbies que ofrece la Corona, simplemente porque el Rey no debe su puesto a nadie y goza de estabilidad vitalicia.

Menos obvio resulta que los tiempos políticos han hecho crecer la importancia de la Monarquía hasta convertirla en la mayor garantía de nuestra libertad. Mucho más cuando se la insulta desde el propio Gobierno, ahora encabezado por un hipócrita que accedió al cargo prometiendo «lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución».