El Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado al 60 % de los hogares a los que el Gobierno esperaba beneficiar

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cumplió el pasado mes de junio dos años de su implementación. La renta creada por el Gobierno con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos a la población más vulnerable ha llegado hasta el momento a 509.574 hogares en los que residen en torno a 1,4 millones de personas. Estas cifras se sitúan lejos de las metas marcadas por el Ejecutivo cuando puso en marcha esta ayuda, ya que apenas ha llegado al 60 % de los 850.000 hogares y 2,3 millones de personas a las que se pretendía beneficiar.

La falta de información, los problemas de burocracia y el establecimiento de unos requisitos demasiado estrictos explican el escaso alcance de la medida social estrella del Gobierno Sánchez, cuya cuantía mensual por hogar va desde los 491 a los 1.189 euros. El ministerio de la Seguridad Social denegó dos de cada tres peticiones tramitadas en 2021, en la mayoría de los casos por errores en la documentación y por superarse los umbrales de renta fijados.

Con el objetivo de reflotar la prestación, el ministerio de José Luis Escrivá anunció este lunes la puesta en marcha de un autobús que recorrerá España para ofrecer información y asesoramiento. La campaña pretende incorporar a 140.000 familias adicionales a la ayuda, un aumento «significativo» y «factible» a ojos del ministro.

¿Quién ha recibido el IMV hasta ahora?

El 64,2 % de los hogares que cobraron la ayuda hasta septiembre contaban con menores entre sus integrantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El 35 % de los beneficiarios fueron familias de dos adultos con hijos y otro 25 % hogares unipersonales y monoparentales.

La estadística por territorios revela que los lugares que cuentan con un mayor porcentaje de población cubierta por este ingreso están en el sur de España. Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta lideran la clasificación: el 11,42 y el 10,78 % de su población han recibido la prestación desde 2020. Les siguen cinco provincias andaluzas –Cádiz, Granada, Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería– , donde alrededor del 5 % de sus habitantes han resultado beneficiados.

En el extremo opuesto, hay siete provincias donde el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a menos del 2 % del censo. Es el caso de Barcelona –donde solo el 1,3 % de su población ha cobrado la ayuda– Baleares, Guadalajara, Guipúzcoa, Burgos, Soria y Pontevedra.

13 millones en riesgo de pobreza

Pese a que el Ejecutivo señaló la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos de la medida, el número de receptores contrasta con las cifras de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en España –13,1 millones de personas en 2021, el 27,8 % de sus habitantes, según el INE–.

Al cruzar la estadística de personas en riesgo de pobreza con la de de receptores del IMV, se observa que Navarra es la región donde mayor proporción de población vulnerable cuenta con esta renta (29 %), seguida de La Rioja (19 %), Aragón, País Vasco (17 %) y Andalucía (16 %).

Por el contrario, el ingreso tiene una baja implantación entre la población de Baleares (8 %), Canarias (9 %) y Castilla-La Mancha (10 %) que se enfrenta a esta lacra.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aseguró en junio que el Ingreso Mínimo Vital «ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial» e incidió en que «tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social».

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 contempla una actualización de esta ayuda al avance del IPC, lo que permitiría que las familias que la cobran mantengan su poder adquisitivo. No obstante, el mayor reto para el ministerio de Escrivá de cara a 2023 será seguir extendiendo su alcance. Su previsión es llegar a los 650.000 hogares en el próximo año, una cifra a todas luces insuficiente ante los datos de pobreza que revelan los principales indicadores.