Manuel Pérez-Sala: «Calviño y el Gobierno están perdiendo el contacto con la realidad, y eso nos parece preocupante»

Manuel Pérez-Sala (Cáceres, 1962) fue nombrado presidente del Círculo de Empresarios el 9 de marzo del año 2021. Desde 1996 era socio de la entidad y había formado parte de su junta directiva durante doce años. Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el Instituto de Empresa, ha trabajado en diferentes compañías. En la actualidad es socio director del Grupo Perseo, que se dedica al asesoramiento y a la inversión mobiliaria. Desde su amplio conocimiento de la realidad empresarial española, nos explica cómo ve la situación económica..

–El Círculo de Empresarios surgió en 1977, unos meses antes que la CEOE, para defender la figura del empresario. ¿Han logrado su objetivo?

–Después de 45 años, pensábamos que lo habíamos hecho todo. De pronto nos hemos encontrado con que se utiliza al empresario para identificar un falso enemigo y atacarlo como si fuera el culpable de todos los males. Realmente el empresario es el generador de la riqueza y el empleo que luego, en la alternancia política, unos partidos y otros distribuyen para generar más igualdad en la sociedad. Para repartir la riqueza primero hay que generarla, y eso lo hace el empresario.

–¿No han sabido defenderse?

–Salvo contadas excepciones, los empresarios son personas muy discretas. Trabajan muy duro; se esfuerzan en llevar adelante su proyecto empresarial y normalmente no participan ni del debate público ni del político. Cuando alguien se dedica a lo suyo, a tratar de construir cada día esa riqueza y empleo, resulta muy complicado responder a las provocaciones o ataques que vemos recientemente en la opinión pública. Lo único que puede hacer el empresario es explicar su proyecto con ilusión. Si alguien trata de identificar las actividades empresariales con actitudes o imágenes del siglo XIX, no podemos contrarrestarlo. Debería ser la sociedad la que se comprometiera en la defensa de los valores empresariales y del espíritu emprendedor.

–¿Qué factores considera que dañan más actualmente a las empresas?

–El Estado, y en particular el Gobierno, está metido en una espiral recaudatoria cuyas consecuencias no es capaz de estimar, y que va a perjudicar seriamente a la sociedad española. España tiene una de las cotizaciones a la Seguridad Social más altas de Europa. Subirlas para paliar un problema a corto plazo sin hacer una reforma estructural de las pensiones es un error. También lo es incrementar el impuesto de Sociedades cuando competimos en un mercado único. Las sociedades españolas que pagan aquí sus impuestos tienen que competir con otras que en otros países pueden compensar esos impuestos, por ejemplo, con bases imponibles negativas.

–Se perjudica la competitividad de las empresas, y eso es malo para el empleo.

–En materia de empleo hemos presentado una propuesta que entendemos que es valiente. El mercado español tiene dos o tres grandes problemas estructurales que no somos capaces de solucionar. Uno de ellos es el nivel de desempleo. La economía española lleva treinta años con una media del 15 %. Esa situación es insostenible. En algún momento tendremos que plantearnos aplicar políticas para reducir el desempleo al nivel de otros países. El segundo gran problema es la temporalidad. Sugerimos equiparar nuestro nivel de indemnizaciones con el de Francia o Alemania, y hacerlo más atractivo introduciendo la mochila austriaca, que el trabajador puede utilizar para su formación en caso de desempleo o para complementar su pensión si no la utiliza en toda su vida laboral. Con ello, lo que hipotéticamente se pierde por un lado, se gana por el otro. Además, cualquier reforma laboral entendemos que debe respetar los derechos adquiridos, con lo cual no perjudicamos a nadie.

–¿Estamos condenados a tener siempre un paro alto?

–Es una pena porque afecta a las pensiones y a la recaudación del Estado. La ministra de Hacienda afirmaba recientemente que la presión fiscal en España es más baja que la media europea. Es cierto, pero nos olvidamos de que la causa no es el tipo impositivo, que es más alto que la media europea. La causa es el nivel de desempleo que tenemos en nuestro país. Durante los últimos treinta años ha habido un 15 % menos de personas que trabajen y que por tanto puedan contribuir con sus impuestos al sostenimiento del Estado. Si solucionamos el problema del paro se resolverán de manera prácticamente inmediata buena parte de los problemas de las pensiones y de la recaudación fiscal.

–Ustedes también hablan de la necesidad de mejorar nuestro sistema educativo.

–Tenemos un problema importante de valores y otro de capacitación para el empleo. Parece obvio decir que es muy difícil conseguir algo en la vida sin esfuerzo, pero en nuestros planes educativos ese valor parece ausente. Es importante recuperar los valores y es necesario mejorar la capacitación para el empleo. El 50 % de los jóvenes en Alemania estudia Formación Profesional dual y no tiene ningún problema para encontrar trabajo. El retraso que llevamos nosotros en este sistema es enorme.

–¿Qué le parece que se diga que determinado tipo de empresas han tenido beneficios caídos del cielo como consecuencia de la crisis energética?

–Es equivocado tratar de hacer recaer sobre determinados sectores el resultado de situaciones coyunturales. Me refiero tanto a la banca como a las energéticas. El sistema bancario lo ha pasado muy mal durante los últimos años porque ha tenido que cerrar una gran cantidad de oficinas, ha tenido que hacer frente a enormes provisiones desde el 2008 por la crisis financiera y ha tratado de ajustarse hasta que la subida de tipos le permitiera recuperar los márgenes que tradicionalmente ha tenido. Llega la subida de tipos y detraemos recursos de un sector que puede empezar a ganar dinero. Nos parece un error. En cuanto a las energéticas, el problema no es suyo, sino del regulador: del Gobierno español y de la Unión Europea. Establecieron un sistema de fijación de precios que en este momento está aumentando sus beneficios. Intervenir esos beneficios o limitarlos es un error. Sería más práctico pedirles que invirtieran la mayor parte de ese beneficio en instalaciones de renovables o de otros tipos de fuentes energéticas de futuro, porque la inversión necesaria en el mercado energético español es absolutamente colosal. Si pretendemos que en unos pocos años nuestro sistema eléctrico dé servicio a veinte millones de coches de carga nocturna hay que llevar a cabo una inversión gigantesca.

-¿Le parece que se están tomando las medidas adecuadas para frenar el incremento del precio de la luz?

–En este momento se está desarrollando una política electoralista de ayuda a colectivos, basándose en el tamaño del colectivo y su potencial de voto, y no realmente en las necesidades de la economía española. Sería más útil concentrar las ayudas del Estado en los sectores que realmente tienen problemas para hacer frente a sus necesidades que repartir esas ayudas a todos los ciudadanos. Haciendo lo segundo no se contrae el consumo, que es uno de los elementos esenciales para controlar la inflación de segunda ronda.

–Los sindicatos demandan que se suban los salarios de acuerdo con el IPC. El Gobierno habla del pacto de rentas. ¿Qué opina de ello?

–La subida indiscriminada de salarios que no venga acompañada de un incremento de la productividad causa un perjuicio a la economía. Como consecuencia, afectará al empleo. Nosotros pedimos moderación salarial: que las empresas suban los salarios todo lo que deseen mientras haya una correlación con el aumento de la productividad y que en el resto de los casos sean prudentes.

–Tampoco está usted de acuerdo con la reforma de las pensiones que propone el Gobierno.

–La solución no está en el aumento de las cotizaciones, sino en el retraso de la edad de jubilación, que es lo que puede equilibrar el sistema. Proponemos un sistema flexible que dé más libertad al ciudadano, algo que ahora no tiene; que se asuman los 70 años como edad objetivo de jubilación, y que cada uno decida si quiere trabajar unos años más para incrementar su pensión. Para quienes no puedan jubilarse a esas edades, que sea el propio Estado el que establezca un sistema de pensiones compensatorias fuera de la estabilidad de un sistema de reparto por cuentas nocionales, que es el que estamos proponiendo.

-¿Ha servido para algo la reforma laboral de Yolanda Díaz?

–Sustituye unas modalidades contractuales que producen precariedad por otras que también la producen. Nosotros entendemos que hay que incentivar determinados tipos de contratos y eliminar las causas que provocan la dualidad entre empleos fijos y temporales. Si no solucionamos los problemas de base, no podremos solucionar la temporalidad. Tenemos otro problema con la formación, con el empleo que es capaz de generar nuestra economía. Y además con esta reforma hemos perdido flexibilidad. Antes una empresa podía firmar con sus trabajadores el convenio que interesaba a empresarios y trabajadores. Ahora esa posibilidad se ha perdido.

–Ustedes han criticado mucho los Presupuestos de 2023.

–El Gobierno está definiendo un entorno macro que no solo no es realista: puede ser irresponsable construir las cuentas públicas sobre un entorno macro que nadie cree. Contempla un crecimiento del 2,1 % cuando el consenso lo sitúa entre el 1,2 % y el 1,5 %, y cada vez más instituciones lo sitúan entre el 0 % y el 1 %. Eso ya es preocupante porque puede llevarnos a niveles de déficit mucho más altos, y el déficit tenemos que financiarlo inevitablemente con deuda. Hasta ahora el Banco Central Europeo compraba toda la deuda, pero ha dejado de hacerlo. El Estado español puede encontrarse con que no encuentra la liquidez necesaria en los mercados, que no confían en la credibilidad de las cuentas públicas españolas.

-¿Habrá recesión en España?

–Es posible que, dependiendo de lo que ocurra en el contexto europeo, entremos en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo) al final del primer trimestre de 2023. Todos esperamos que sea una recesión breve y que la economía española y europea se recuperen en el segundo o tercer trimestre de 2023.

–¿Podremos fiarnos de las cifras? Los cambios que se están produciendo en el INE trasladan una gran desconfianza.

–Cuando el Gobierno, con un afán de control inaudito, quiere controlar la Fiscalía General del Estado, el CNI, el CIS y ahora el INE, no se entiende por qué se quiere hacer. Si se nombra como responsable de esas instituciones a alguien que ha sido ministro, pertenece al partido o tiene una vinculación fuerte con él, la presunción de independencia no existe, y eso daña la seguridad jurídica y la capacidad de España para atraer una inversión extranjera que necesitamos urgentemente.

–Parece difícil modificar la manera de medir el IPC, que depende de la aprobación de Eurostat.

–Como todas las instituciones públicas, el INE funciona con una serie de criterios desde hace años. Cambiar los criterios puede significar una cierta alteración de las series históricas y de las cifras que esperamos. Si se hace alguna modificación debe ser consensuada con los organismos estadísticos europeos y respetando las series históricas. Pongo un ejemplo: en el mercado laboral los contratos fijos discontinuos han sustituido a los temporales. Se contabilizan como contratos fijos cuando realmente están en vigor muy pocos meses del año o incluso en algunas circunstancias. Ya no tenemos series históricas para comparar los contratos fijos con los temporales, y eso no es bueno.

–¿Qué opina sobre la política económica que ha desempeñado Nadia Calviño?

–Tengo un respeto absoluto por las personas. Me parece una persona profesionalmente muy competente, pero en los últimos meses observamos que va perdiendo el contacto con la realidad como miembro de un Gobierno que está perdiendo el contacto con la realidad, y eso nos parece preocupante.

–¿Piensa que puede llegar a funcionar bien el despliegue de los fondos europeos?

–Con los últimos datos disponibles de los fondos asignados a España para 2022, solamente ha llegado a su perceptor final un 16 %. El dinero llega a las cuentas de la Administración central del Estado. Se distribuye de la cuenta corriente de una administración pública a la de otra, pero el perceptor final no recibe el dinero.