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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de AIReF, Cristina HerreroLu Tolstova

La semana económica

AIReF y Banco de España: el choque de Sánchez con la cruda realidad

Los dirigentes de ambas entidades han protagonizado en los últimos días intervenciones de gran lucidez en el Congreso de los Diputados

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, han escenificado esta semana en el Congreso de los Diputados dos intervenciones clarificadoras en torno a los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Probablemente el Gobierno hará caso omiso de sus recomendaciones, pero al menos es alentador ver que hay entidades y personas de prestigio que son capaces de poner al Ejecutivo de Sánchez delante de la realidad.

La presidenta de la AIReF incidió sobre la inflación. El organismo que dirige espera que se reduzca al 3,9 % el año que viene, pero avisa de que ascenderá al 5 % si no se toman las medidas adecuadas.

El gobernador puso el foco en el gasto público, la gran losa que dejará el Gobierno de Sánchez al siguiente que venga. Más allá de los 21.300 millones adicionales en los que De Cos cifró el aumento de esta partida por el incremento de las pensiones de acuerdo con el IPC y el salario de los empleados públicos, hay que recordar que el Ejecutivo sigue sin hablar de reducir gasto superfluo. Como recordarán, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sitúa en 60.000 millones la cantidad de euros que podrían ahorrarse hoy en gasto público que no estuviera relacionado con los servicios públicos esenciales. Aunque la cantidad fuese menor, como dicen algunos, la realidad es que no se habla de disminuir en nada ese gasto público despilfarrado, que todos los expertos están de acuerdo en que existe. En lugar de abordarlo de forma prioritaria, el debate está ahora en si todas las pensiones deben subir de la misma manera, o si las máximas tienen que incrementarse en menor medida. Antes de plantearse tocar el poder adquisitivo de los pensionistas, habría que estudiar qué gasto superfluo puede reducirse en otros sitios.

La presidenta de la AIReF dijo que detecta carencias notables en los Presupuestos. Estas carencias, «observadas en ejercicios anteriores, se están agravando y restan calidad informativa al Presupuesto. Le quitan potencia como herramienta de planificación económica y debilitan su función de rendición de cuentas», lamentó. Entre sus recomendaciones incluye «recuperar el papel central de los Presupuestos como instrumento de política fiscal y económica y elemento de diseño, planificación, ejecución, control y supervisión de la actividad del sector público». Sería lo ideal, pero el propio tono de la recomendación deja traslucir la queja de que no les hacen mucho caso.

Como se puede leer en este enlace, el gobernador del Banco de España habló claro sobre muchas cuestiones. En la referida al gasto público, dijo que «la política de gasto de las Administraciones Públicas debe ser objeto de una revisión exhaustiva con dos objetivos fundamentales: incrementar la eficiencia de cada partida presupuestaria y optimizar la distribución del gasto público entre partidas para promover un crecimiento económico más robusto y equitativo».

Es un buen consejo, aunque parece que no encaja mucho con la política económica del actual Gobierno, más centrada en gastar alegremente.