Antonio Garamendi: «El Gobierno se equivoca situando a las empresas como culpables»

Antonio Garamendi (Guecho, Vizcaya, 1958) afronta con gran tranquilidad las elecciones a la CEOE del próximo miércoles 23 de noviembre. Siente la responsabilidad de quienes le han pedido que se presente de nuevo, la gran mayoría de las asociaciones y territorios de la CEOE, y promete seguir trabajado duro en los próximos años para defender a los empresarios en unos momentos difíciles como los actuales si le otorgan de nuevo su confianza. Entre los logros que cree haber conseguido en los últimos años está el de una CEOE más fuerte, con 148 empresas y 55 organizaciones más, un mayor número de personas participando en las comisiones, y la llegada de autónomos de toda España, y el haber alcanzado una gran cantidad de acuerdos que permiten una cierta paz social en la que las empresas pueden trabajar. Sobre ello y las principales cuestiones de actualidad le preguntamos en la siguiente entrevista.

–¿Considera acertada la política económica del Gobierno en lo que se refiere a las empresas y la creación de empleo?

–El Gobierno se equivoca cuando menciona personas físicas o cuando ha tomado medidas a la carta contra las empresas como si ellas fueran las culpables. Debería replantearse esta cuestión. Somos parte de la solución. Necesitamos un clima favorable para invertir. Las leyes y los impuestos a la carta, hablar de topar los precios de los alimentos… ayudan muy poco. Necesitamos una mayor estabilidad política y regulatoria, una mayor seguridad jurídica y una mayor calidad de la norma. Cuando las normas están mal hechas, como ha ocurrido con la ley del sí es sí, los violadores salen a la calle.

No comparto la posible eliminación del delito de sedición. Intentar romper la unidad de España es muy grave

–Ya que abre el melón de los temas políticos, ¿qué opina de la posible eliminación del delito de sedición?

–A nivel personal, no lo comparto. Intentar romper la unidad de España es muy grave. Es otra ley a la carta que proponen porque les viene bien en este momento. Las leyes deben inspirarse en el uso de las costumbres y los principios generales del Derecho. Si se mira el derecho comparado con Europa, se observa que este delito se considera muy grave en otros países.

–¿Qué le parece el escaso debate que ha habido con los Presupuestos? Se han rechazado más de 1.000 enmiendas.

–No compartimos los Presupuestos que se han presentado. Nos preocupa cómo se han planteado. Prevén un crecimiento económico del 2,2 % cuando ya se habla del 1 %. Nosotros hablamos del 1,4 % hace tiempo, y hemos seguido rebajando nuestras previsiones. Tenemos una deuda altísima que habrá que devolver. Los tipos de interés van a subir. El Banco Central Europeo (BCE) ha estado comprando el 50 % de nuestra deuda, lo cual era una señal de confianza para los inversores, pero ahora hay que ver cómo va retirando los estímulos. Por otra parte tenemos un récord histórico de recaudación porque el Estado es el que más se beneficia de la subida de la inflación. Acabaremos con una recaudación extra de más de 30.000 millones. Mientras tanto se contempla un déficit del 4,5 %. Cuando estábamos en el 98 % de deuda, el BCE nos decía que debíamos bajar el déficit a menos del 2 %. Nuestra deuda está ahora en el 116 %. La deuda hay que pagarla, y en nuestro caso es muy elevada. Lo lógico sería que el Gobierno reajustara el Presupuesto.

–¿Piensa que la reforma de las pensiones encamina bien la sostenibilidad del sistema?

–La subida de las pensiones de acuerdo con el IPC obtuvo el voto a favor de todos los partidos políticos menos uno, que se abstuvo. Es cierto que el ministro se comprometió a retirar el factor de sostenibilidad, aunque en realidad luego solo ha sido el nombre y ha buscado otro factor de sostenibilidad. Cada punto de subida de pensiones supone un incremento del gasto de unos 1.500 millones de euros que acaba siendo estructural. Si se multiplican por un IPC del 8 %, serán unos 12.000 millones más. A ello hay que añadir 2.000-3.000 millones por el efecto del baby boom. En lo que afecta a las empresas, nos suben las bases máximas de cotizaciones sin que lo sepamos, lo cual supone más coste, nos piden que incrementemos los salarios y muchas empresas no pueden hacerlo… Esta cuestión afecta al Pacto de Toledo. Los partidos deberían hablar seriamente sobre materias como las tablas de mortalidad o el número de años que hay que cotizar. Clarísimamente debe haber un factor corrector sobre el gasto. Si no lo hay, tendremos problemas muy serios.

–¿Qué le parece la propuesta del Banco de España de utilizar los fondos europeos para poner en marcha la mochila austriaca?

–Supondría un coste para las empresas aparte de los que ya existen. Para arrancar con ella harían falta 20.000 ó 30.000 millones de euros. En algún país ya lo han hecho. Tendría sentido siempre que no fuera un coste añadido para las empresas. En ese caso perderíamos competitividad. Su puesta en marcha requiere de una gran cantidad de dinero y utilizar los fondos europeos podría ser una buena solución. Sin ellos sería muy difícil adoptarla.

El principal partido de la oposición debería estar en la negociación del Pacto de Rentas. No es una cuestión de una legislatura

–La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, parece muy decidida a impulsar el llamado Pacto de Rentas: es decir, a que los empresarios suban los salarios.

–El Pacto de Rentas no es una cuestión de año ni de año y medio. Va más allá de esta legislatura. Requiere un acuerdo serio, potente, y por ese motivo es fundamental que esté en él el principal partido de la oposición. Este Pacto de Rentas también afecta a los funcionarios, las pensiones, el salario mínimo interprofesional. El Gobierno ha ido decidiendo lo que le venía bien en estos terrenos y ha trasladado el debate del Pacto de Rentas al ANC (Acuerdo de Negociación Colectiva). El ANC es un acuerdo nacional de convenios, bipartito, y es una recomendación. No se puede firmar en barbecho una cláusula de incremento salarial según la subida del IPC. Genera un problema gravísimo en la economía española y en las empresas. Al mismo tiempo hay que decir que ya se han firmado convenios en sectores como la construcción, el metal o la hostelería. Pero no se puede hablar de Pacto de Rentas cuando el Gobierno no nos da opción, como se ha visto con la subida de las bases de cotización.

–Si el IPC cierra el año en torno al 8 %, ¿cuánto sería razonable subir los salarios?

–Depende de las empresas y de los sectores. Hay empresas que pueden más y otras que pueden menos. El INE ha dicho que los sueldos han crecido un 2,6 %, pero no es cierto. Muchos convenios recogen las cláusulas de garantía salarial en función de la inflación. Habrá que ver cuánto han subido los salarios a final de año. Le aseguro que es bastante más.

Se lanzan muchos mensajes políticos que tienen poco que ver con la realidad económica

–Yolanda Díaz ha mostrado su firme propósito de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI). ¿Qué le parece?

–Lo primero que hay que decir es que subir el SMI es una facultad del Gobierno, previa consulta de los agentes sociales. Podemos opinar, pero nada más. Yolanda Díaz está poniendo mucha presión para subir el SMI, pero no me parece bien. Tiene que decidirse a final de año y habla sobre ello desde hace tres meses. Se lanzan muchos mensajes políticos que tienen poco que ver con la realidad económica de cada día. Dicen que tienen informes de expertos, y nosotros tenemos los nuestros, que son todas las empresas españolas. A las empresas que tienen contratos con el Estado no se les sube; una empresa de limpieza sigue con el mismo contrato de hace tres años cuando el SMI ya subió un 25 % hace tres años. Por otro lado, ya hay al menos nueve comunidades autónomas cuyo SMI está por encima del 50 % del salario medio. Siempre pensamos en Madrid, Barcelona o Bilbao, pero en otros lugares la situación es distinta y el coste de la vida es diferente. A ver qué nos trasladan. Todavía no nos han dicho nada.

–¿Está demostrado que la subida del SMI implique una caída del empleo?

–Hay un informe técnico salido recientemente que plantea que lo destruye, o al menos que no lo crea. Nosotros lo hemos dicho siempre.

Se quería romper con todo lo que tenía que ver con la reforma laboral de Fátima Báñez, pero hemos aguantado

–Pasados ocho meses de la aprobación de la reforma laboral de Yolanda Díaz, ¿cómo la valora?

–Se quería romper con toda la reforma laboral de Fátima Báñez, y lo que hemos hecho es aguantarla al máximo acordándolo con los sindicatos. Es un acuerdo. Hay que ver lo que salvamos y con quién negociábamos. Hay que recordar qué decía uno de los partidos del Gobierno hace unos años en la Puerta del Sol. Faes (Aznar) la considera una buena reforma. Salvamos los muebles de manera importantísima. Hemos conseguido cosas importantes. Mantenemos modelos de subcontratación que querían eliminarse, la libertad de las empresas para elegir su convenio... La ultraactividad, que revalida automáticamente el convenio anterior si no se llega a otro acuerdo, es beneficiosa. En cuanto a los fijos discontinuos, Europa exigía bajar la temporalidad y permitía generar una serie de planteamientos que concedieran una cierta flexibilidad en la contratación temporal. De este modo se logró un acuerdo con la construcción por el cual un millón de contratos se convirtieron en fijos. Los discontinuos no maquillan las cifras del paro. Es un concepto que ya estaba ahí, y hay que profundizar en él. Europa permite considerarlos fijos. No podíamos renunciar a opciones que dieran flexibilidad a las empresas. Nos habría gustado conseguir más cosas, pero también le hubiera gustado al Gobierno y a los sindicatos.

Cuando los impuestos se ajustan más a la realidad, como en Madrid, la recaudación sube y la economía sumergida disminuye

–Se quejan ustedes habitualmente de la carga de impuestos que soportan las empresas en España.

–Entre las leyes a la carta se encuentran los impuestos a la carta, la recaudación a la carta. Un estudio reciente de Tax Foundation para el Instituto de Estudios Económicos refleja que el gran problema de España está en que la economía sumergida se sitúa en el 24 %, mientras que en Europa se queda en el 13 %. Hay una carencia de recaudación enorme. En Madrid, con impuestos más bajos, la economía sumergida está en el 14,5 %. Cuando los impuestos se ajustan más a la realidad, se recauda más y la economía sumergida es menor. Algunos dicen que la presión fiscal en España es menor que en Europa porque dividen la recaudación tributaria entre el número total de españoles, pero si se divide por el número de españoles que pagamos impuestos, resulta que pagamos más.

–¿Qué opina de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, que acabaremos pagando todos los españoles cuando los repercutan a los clientes, y del llamado impuesto a las grandes fortunas?

–Generan inseguridad jurídica. El de las empresas eléctricas quería al principio aplicarse sobre la facturación. Veremos dónde acaba. No tiene sentido. El Plan Nacional de Energía y Clima de 2030 prevé unas inversiones de 300.000 millones en España que tendrá que hacerlas el sector privado. Si se cambian las normas cada minuto, a ver quién invierte. En cuanto al impuesto a la banca, las entidades financieras han estado durante muchos años trabajando con tipos de interés negativos, y ahora se les culpabiliza. Cuando el Banco Central Europeo recuerda este aspecto y dice que el impuesto no tiene sentido, se le critica. En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, acaba afectando a la clase media-alta. Sus ingresos no tienen por qué coincidir con los dos pisos que tenga, que quizá eran de su padre o de su abuelo. Puede entrar una viuda que tenga un piso alquilado y su pensión: unos ingresos de 60.000 euros, que se quedarán en 20.000. Es confiscatorio y no existe en Europa. Los impuestos ya se pagan en la Renta de manera escalonada. Pagar sobre el ahorro va en contra de lo que hay que hacer. Se está castigando el ahorro y la inversión.

–¿Ve alguna luz en la distribución de los fondos europeos?

–Las empresas nos dicen que están llegando lentamente. Están empezando a activarse. Nos preocupa que llegue a las pymes. El primer objetivo es que en la parte pública se centre en cambios de futuro. El segundo, que se agilicen los PERTE. Hemos ayudado a desbloquear el del automóvil, que ha pasado por momentos muy delicados, por ejemplo, con la gigafactoría de Sagunto. Estamos pidiendo que se soliciten a las pymes de este PERTE avales menores de los que se le exigen, ya que no tienen capacidad de llegar a ellos, y que la banca ayude en la detección de pymes que pueden acceder. La banca capilariza el país, y agilizaría muchísimo. También que se desarrolle la plataforma de auditoría, para que se sepa dónde estamos. Es difícil hablar de los fondos si no tenemos cifras reales. Europa lo ha reclamado. Además tiene que haber una conexión más cómplice entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir en este terreno.