Toda la malversación catalana que quedará sin castigo 'gracias' a la 'ley Puigdemont-Junqueras'

El imprescindible libro de Ferrant Brunet Economía del separatismo catalán acaba de ser traducido al inglés por Palgrave-Macmillan y se abre paso no sólo entre los lectores angloparlantes sino también en las bibliotecas de las universidades del Mundo. Esto último es lo que más enfada al secesionismo catalán, que durante décadas se hizo un hueco entre académicos extranjeros casi siempre oportunamente agasajados con financiación pública para sus actividades.

Precisamente, esta es una de las claves que explican la reacción de muy notables académicos en apoyo del exconseller Andreu Mas-Colell cuando fue imputado por el Tribunal de Cuentas por el delito de malversación. No fueron pocos los que luego retiraron su firma al recibir las evidencias del delito que se le imputaba, pero para los demás se impuso el criterio no sólo aberrante sino sobre todo anticientífico, de que un reputado académico era algo así como un ser blindado ante la tentación de cometer delito o crimen.

La actividad del Tribunal de Cuentas en España fue durante décadas muy discreta. Sólo «sacó pecho» cuando decidió investigar las cuentas del Ayuntamiento de Marbella entonces en manos del difunto Jesús Gil. Efectivamente, el Tribunal de Cuentas aprobó en 1999 una fiscalización especial del Ayuntamiento de Marbella desde que comenzara a gobernarlo el entonces presidente del Atlético de Madrid. El acuerdo se adoptó en un pleno celebrado el 28 de abril y abarcaría el periodo de 1990 hasta 1999. La gravedad de los delitos que se encontraron, principalmente urbanísticos, hizo que el Ayuntamiento fuera disuelto por el gobierno socialista en 2006 mediante un Real Decreto. Gil era un outsider de la política, no amenazaba al Gobierno de la nación y el Ayuntamiento de Marbella era una magnífica plaza donde exhibir la eficacia del Tribunal de Cuentas. No fue el Ayuntamiento con mayores delitos relacionados con la corrupción y la malversación pero, sin duda, el más mediático.

Gil no tuvo influencia política para doblegar todo un código penal en su favor como sí ha hecho ERC en lo que algunos han bautizado con mordaz acierto como la 'ley Puigdemont-Junqueras'. Como han señalado los firmantes del manifiesto contra la reforma de los delitos de sedición y malversación, el Gobierno ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica de la Represión del Contrabando, que podrían necesitar cierta adaptación a directivas europeas que nada tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición.

La 'ley Puigdemont-Junqueras' supone enmendar el delito de malversación y así consiguen la exoneración de responsabilidad penal o su reducción al mínimo para los autores de los episodios gravemente delictivos de 2017 y que para el futuro se deje penalmente atípico la desviación de los caudales públicos de todos los españoles para realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal. El razonamiento está incluido en el citado manifiesto.

Malversar es destinar a sabiendas los caudales públicos a un uso diferente a su función. Un delito cuya denominación viene del verbo latín «versus» que en su acepción agrícola significa «surco», igual que la memorable película de Nieves Conde. Los que hemos trabajado en el campo sabemos que al final de abrir un surco siempre hay que girar para abrir uno nuevo pero, sobre todo, hay que girar correctamente. Malversar es salirse del surco a sabiendas y esta era, siglos más tarde, la lección de la película de Nieves Conde.

El ya condenado exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera y el también exconsejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmaron el 17 de julio de 2001 un convenio para dar aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica supondría saltarse todos los protocolos formales para el control interno del dinero público. El procedimiento permitió cebar durante años la partida presupuestaria 31L con dinero público destinado a financiar prejubilaciones y expedientes de regulación de empleo de empresas andaluzas en crisis. Ahora la 'ley Puigdemont-Junqueras' les permitirá invocar que no lo hicieron buscando el lucro personal; eso sí, era una práctica más de deconstrucción del sistema democrático que contribuía a hacer del PSOE andaluz un partido aún más sistémico respaldado por una extensísima red clientelar.

La mala calidad de las instituciones y del Gobierno restan oportunidades para el desarrollo económico. Las restan principalmente para los más vulnerables pues los poderosos acaban entendiéndose siempre entre ellos, sea con gobiernos autocráticos, sátrapas o simplemente corruptos. Pero la factura social a pagar es alta. Mucho más alta que los beneficios que puedan obtener quienes hagan negocio con los sátrapas.

El libro de Brunet pone cifras a la gran factura que todavía hoy el procés hace pagar a los catalanes. La aprobación de la 'ley Puigdemont-Junqueras' es una clara señal disuasoria para quienes valoran la posibilidad de invertir en Cataluña pues para el futuro se deja penalmente atípica la desviación de los caudales públicos para realizar actos contra el Estado y contra su integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal. Más aún cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo, como señala el manifiesto aludido.

Cuando se afirma desde el Gobierno, con voces que suenan tan poco creíbles como el tintineo de las monedas de un monedero falso, que esta ley ayuda a resolver la situación de la Cataluña de 2017, mejor hubiera sido doblegarse desde el principio ajustándose al aserto italiano que sostiene que allí lo único que está organizado es el crimen. Es esto lo que ahora se organiza; una reforma legal en la que los mangantes y subversivos redactan las normas con una ufana sensación de impunidad.

Sea pues ufana su percepción y recuperemos la biografía que Umbral dedicó a Larra cambiando el apellido del ilustre escritor por el de Estado de Derecho; Salve señor «Estado de Derecho» lento muerto / somos los de siempre vulnerados / quienes traemos las flores a destiempo.

Vendrán las flores. Pero no vendrán a destiempo.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino