La banca se está enfadando y no temblará ante el impuesto que quiere imponerle el Gobierno

El próximo jueves 22 de diciembre se aprobará definitivamente en el Senado el llamado impuesto a la banca. Con él se gravarán durante los años 2023 y 2024 el 4,8 % de los ingresos por intereses y comisiones de las entidades financieras. Sumándolos al impuesto a las empresas energéticas, el Gobierno aspira a recaudar 7.000 millones más.

Está por ver si cumplen el objetivo de financiación. La Tasa Tobin, aplicada a transacciones financieras, ha recaudado 26 millones de euros hasta octubre, un 7 % de lo que estaba previsto; pero al Gobierno le da igual: lo importante es crear un conflicto con los poderosos que le dé votos.

Los bancos han dejado claro que no van a quedarse de brazos cruzados. El más claro hasta el momento ha sido Bankinter. Su consejera delegada, María Dolores Dancausa, decía a final de noviembre que recurrirían el impuesto al día siguiente de haberlo pagado por considerarlo «injusto, discriminatorio y confiscatorio». Tres semanas después de aquello, la situación no ha cambiado: «Nuestra intención es recurrirlo en los tribunales una vez se empiece a aplicar y una vez lo hayamos abonado. Nosotros, obviamente, vamos a acatar lo que disponga la ley, aunque no estemos de acuerdo», señalan desde la entidad.

También Ibercaja ha mostrado con claridad sus intenciones: «Si el impuesto se queda como está, muy probablemente recurriremos a los tribunales, porque la razón nos asiste», señalaba recientemente Víctor Iglesias, su consejero delegado. En la misma línea se manifestaba el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar: «Si el texto final contiene regulación que no es conforme a derecho, recurriremos, pero vamos a esperar al texto final». Esta entidad sería la más afectada por el impuesto. Gortázar calcula que tendrán que pagar entre 400 y 500 millones de euros si finalmente se aprueba y empieza a aplicarse el 1 de enero.

Aunque no se hayan manifestado de manera tan clara, Santander y BBVA también se están moviendo a nivel europeo para frenar o al menos suavizar el impuesto, y no descartan recurrir cuando efectivamente se pague.

Parón al crecimiento y al empleo

Los principales bancos coinciden al afirmar que el nuevo impuesto repercutirá en el crecimiento económico y en el empleo: «El impuesto es perjudicial porque afecta a la capacidad de concesión de crédito de las entidades. En este momento tan complicado de elevada inflación y desaceleración económica necesitamos un sector bancario fuerte capaz de apoyar a las familias y a las empresas como hizo en los peores momentos de la pandemia. Hay bastante consenso en que un impuesto a la banca no es la forma de ayudar a la economía y es contraproducente», apuntan desde el Santander.

En el banco que preside Ana Botín afirman que el impuesto es malo para la economía porque supondrá 50.000 millones menos de crédito. También lo consideran negativo para millones de accionistas e inversores y para la competitividad y la confianza de los inversores en España: «Genera inseguridad jurídica, lo que afecta a las valoraciones, y estigmatiza a un sector necesario para apoyar la recuperación y financiar la transformación necesaria de la economía», apuntan. Recuerdan, por otra parte, que el sector ya paga muchos impuestos (a los depósitos, a las transacciones financieras, la contribución al Fondo de Garantías…) y soporta un impuesto de sociedades del 30 % frente al 25 % del tipo general.

BBVA también se mantiene claramente en contra: «Este impuesto es indeseable y contraproducente. Obstaculizará el crecimiento. No es el momento adecuado», indican. Desde la entidad que dirige Carlos Torres señalan que «todos estamos en el mismo barco. En estos tiempos de incertidumbre, todos necesitamos trabajar juntos para impulsar el crecimiento económico. Esta no es la forma de hacerlo: es todo lo contrario».