La gran suerte de Plus Ultra: 53 millones por operar el 0,05 % de vuelos en España, y la jueza no ve nada raro
La compañía fue considerada estratégica y su caso queda archivado
El acto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa sobre la aerolínea Plus Ultra dictado el lunes por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha sido un varapalo serio para la acusación, formada por PP, Vox y Manos Limpias. La jueza Esperanza Collazos estima que «no aparece debidamente justificada la comisión de un delito», y que la ayuda de 53 millones a la aerolínea en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI se enmarcó dentro de una aplicación correcta del real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.
El Gobierno dio luz verde a la ayuda el 9 de marzo de 2021. El dinero enviado a esta aerolínea cuyo abogado es Baltasar Garzón llamó la atención, ya que se consideró una empresa estratégica a pesar de operar solo 0,005 % de los vuelos en España, con tres aviones. En nuestro país hay 164 compañías que operan un mayor número de vuelos.
Plus Ultra opera vuelos de larga distancia desde España, especialmente a Ecuador, Perú y Venezuela. Llegó a transportar a 156.319 pasajeros antes de la pandemia (0,05 % del total), pero la covid supuso un frenazo: en 2020 bajó a 45.000 y en 2021 a 35.000.
Estos números modestos son los que levantaron desde el principio las sospechas sobre si podía considerarse una empresa estratégica. También levantó polémica en los careos de la instrucción, como recordaba El País, aclarar por qué parte de las ayudas públicas concedidas se destinaron a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Los peritos de la SEPI decían que ese desembolso no se podía haber hecho antes por el embargo y las sanciones internacionales y que PDVSA provee de combustible a todas las aerolíneas que viajan a Venezuela. Los peritos independientes indicaron que no les parecía normal que la aerolínea priorizara ese gasto cuando tenía gastos operativos más urgentes.
La jueza ha descartado que se cometieran delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas presentadas por Manos Limpias, el PP y VOX.