El Gobierno descarta la retroactividad en la descalificación de las VPO

El Gobierno descarta aplicar con carácter retroactivo la prohibición de descalificar las Viviendas de Protección Oficial (VPO) con la entrada en vigor de la futura Ley de Vivienda, que los socios de la coalición esperan desbloquear en el Congreso a finales de enero o principios de febrero.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han aclarado a Europa Press que la ley solo se aplicará a las nuevas VPO a partir de la entrada en vigor del texto.

Proyecto de ley

Desde la cartera que dirige Raquel Sánchez precisan que se va a clarificar el texto durante su tramitación parlamentaria, e insisten en que nunca fue vocación de la norma que esto se aplicara con carácter retroactivo.

Tal como está redactado ahora el proyecto de ley, esto supondría la prohibición de descalificación de todas las viviendas de protección oficial, dado el carácter retroactivo de la disposición. La descalificación voluntaria de una vivienda sujeta a protección consiste en que dicha vivienda pierda su condición de protegida antes de finalizar el plazo previsto inicialmente, pasando a ser por tanto una vivienda libre.

Esta propuesta ha causado un rechazo generalizado del PP, PNV, ERC y Junts, quienes en su momento registraron enmiendas a la ley para eliminar la disposición mencionada.

También ha presentado una enmienda el PDeCAT, que propone mantener la disposición transitoria, aunque suprimiendo la parte que atañe al régimen indefinido de protección de las viviendas protegidas ya calificadas.

Reclamaciones

La formación catalana entiende que la aplicación retroactiva «vulnera el principio de seguridad jurídica». En este sentido, el partido indica que respecto de las viviendas construidas al amparo de planes de vivienda y normativa previa, donde los promotores y compradores asumieron derechos y obligaciones concretos y tangibles, «no cabe su vulneración mediante una retroactividad de la futura norma».

Asimismo, el PDeCAT advierte que de llevarse a cabo esta disposición tal como está redactada, daría lugar a reclamaciones patrimoniales «lógicas y cuantiosas». Sin embargo, para la formación lo más grave de esta redacción es el precedente que sienta, ya que marcaría «de manera grave» la pérdida de confianza en la legislación española.