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Tendido eléctrico en Barcelona.David Zorrakino - Europa Press

Las familias «regalan» casi 1.000 millones anuales a las eléctricas contratando potencias superiores a las que necesitan

Siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan, según la CNMC

Las familias españolas pagan a las eléctricas cerca de 1.000 millones al año por tener contratadas en sus viviendas potencias superiores a las que necesitan, según un análisis de la organización de consumidores Facua realizado a partir de las tarifas vigentes en la actualidad y los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su informe, Facua señala que con la tarifa PVPC actual y las ofertas realizadas en diciembre por las principales comercializadoras eléctricas, los consumidores domésticos con exceso de potencia contratada pagan cada mes 76,4 millones de euros de más en sus recibos.

De seguir así, el importe anual alcanzaría los 916,9 millones, cifra que ascendería a 1.100 millones al año si el IVA volviese a ser del 21 % y el impuesto sobre la electricidad del 5,11 %, advierte la entidad.

Según los datos del Panel de Hogares de la CNMC correspondiente al segundo trimestre de 2022, siete de cada diez viviendas tienen contratada una potencia superior a la que necesitan.

Así, en horario punta (de lunes a viernes de las 8:00 a las 0:00), el 69,7 % de los consumidores domésticos paga de más una media de 1,4 kW, mientras que en horario valle (de lunes a viernes de las 0:00 a las 8:00, sábados, domingos y festivos completos) lo hacen un 74,6 % con una media de 1,4 kW.

La asociación indica que estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de que el Gobierno emprenda actuaciones para que los consumidores ajusten el número de kilovatios de potencia en sus hogares.

Por ello reclama a los ministerios para la Transición Ecológica y Consumo que lleven a cabo campañas institucionales que fomenten el conocimiento de este concepto de la factura y cómo saber cuál es la potencia más adecuada en cada vivienda.

Además, exige que el cambio de potencia sea gratuito de forma permanente al considerar disuasorio el hecho de que suponga un coste para quienes valoran la posibilidad de reducirla.