La excepción ibérica permitió ahorrar 209 euros por hogar en la factura eléctrica en 2022

La entrada en vigor de la excepción ibérica el pasado 15 de junio permitió que España y Portugal establecieran un tope en el precio del gas, que estaba disparado, para desacoplarlo del precio final de la electricidad y reducir la factura de la luz. Seis meses después de su implementación, un estudio de EsadeEcPol ha estimado que la medida estrella del Gobierno en materia energética ha permitido reducir un 31,8 % la factura media de los hogares con tarifa regulada entre mediados de junio y finales de diciembre.

Esto equivale a un ahorro de unos 209 euros por hogar, y de entre 1.880 y 2.100 millones de euros en términos absolutos, asumiendo que entre 9 y 10 millones de hogares en España tienen la tarifa regulada.

Asimismo, el mecanismo también habría logrado reducir tres décimas la inflación media en España en 2022, que habría sido del 8,7 % sin la medida en lugar del 8,4 % actual. De hecho, el estudio reconoce que «parte de la mejor situación española frente a la Eurozona a cierre de año» en este indicador «puede atribuirse» al tope al gas.

Por otro lado, el estudio detecta que la aprobación de la excepción ibérica ha provocado un incremento significativo de las exportaciones de electricidad a Francia, que duplicaron a las de 2021, con «el consiguiente riesgo de subvención a favor de los consumidores franceses a costa de los españoles». Por el contrario, las importaciones de España «se redujeron a menos de la mitad, invirtiendo totalmente el saldo tradicional entre ambos países».

Otra nota negativa es que «continúa el mayor consumo de gas para la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado», lo que supone un « conflicto entre el objetivo de ahorro en la factura de los hogares y el de ahorro general en el consumo de gas para la economía española y europea».

No obstante, los autores sospechan que el incremento del consumo de gas podría deberse a «un uso testimonial de otras fuentes» de energía, como la hidroeléctrica, a causa de la sequía que experimentó España durante buena parte del pasado año hasta la proliferación de lluvias en septiembre y octubre.

La excepción ibérica seguirá en vigor en España hasta el próximo 31 de mayo, aunque la la ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha solicitado a la Comisión Europea una prórroga de la 'solución ibérica' hasta mayo de 2024.

Pese a ello, la Comisión Europea ha trasladado a España y Portugal que la prórroga de la excepción ibérica no puede ir más allá de diciembre de 2023, fecha en la que expira el marco temporal de las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania, por lo que mientras la Unión Europea (UE) no lo modifique, la prórroga del mecanismo debe atenerse a él.