En qué consiste la reforma de pensiones de Escrivá que ha puesto a todos en contra

La segunda parte de la reforma del sistema de pensiones de José Luis Escrivá ha obtenido un logro inusitado: patronal, sindicatos e incluso los socios del Gobierno se han mostrado en contra. Ya el pasado mes de diciembre tuvo que posponer las negociaciones tras la falta de entendimiento y no parece que pueda llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Actualmente, la base reguladora de la pensión se calcula dividiendo por 350 las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo de solicitar la jubilación. Es decir, se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años de vida laboral.

Escrivá pretende aumentar ese periodo a los 30 años con posibilidad de eliminar los 24 peores meses. De esta manera, el Ministerio entiende que el cálculo se adaptaría mejor al mercado laboral actual, donde los últimos años no son necesariamente los mejores.

El problema es que este cambio apenas supondría un aumento significativo para los futuros pensionistas, pero sí para trabajadores y especialmente empresas, al aumentar la aportación. En esta situación, la patronal ya ha advertido que las únicas alternativas a esta salida es moderar la contratación o reducir los salarios.

Otro de las cuestiones que plantea la reforma de Escrivá es la revalorización de las pensiones. El Gobierno pretende ajustar la base máxima con el IPC más un incremento de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, estableciendo un tope a las pensiones máximas de manera proporcional. Pero la CEOE no cree que esta propuesta garantice la sostenibilidad.

No cubre la subida del IPC

De hecho, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en su informe Seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación alertaba que estas propuestas tendrían un efecto muy limitado y no solucionarían el problema de la sostenibilidad a largo plazo.

En el estudio, firmado por Ángel de la Fuente, se apuntaba a que el cambio en el periodo del cálculo de la pensión solo supondría «una ligera reducción media inicial de las futuras cohortes de jubilados» y el ahorro en 2050 se situaría, en el mejor de los casos, en el 0,3 % del PIB.

Además, el destope parcial de las cotizaciones sociales apenas aportaría un 0,15 % del PIB en nuevos ingresos cuando se complete en 2050. «La suma de ambas cantidades está muy por debajo de lo necesario para compensar el incremento del gasto en pensiones derivado de la primera fase de la reforma en curso, que el propio Gobierno cifra en torno a 3,5 puntos de PIB en 2050» al que asciende la revaloración con el IPC.

Rechazo de los sindicatos

A los sindicatos, por su parte, tampoco les convence la propuesta, concretamente por la ampliación del periodo de cálculo no está recogido en el Pacto de Toledo y temen que la reforma carezca de apoyo parlamentario. «Dudo mucho que pueda haber una aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso si previamente no cuenta con un consenso, con un acuerdo social», comentaba hace unos días Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

«En todo caso, esa no es una responsabilidad nuestra, es del Gobierno. La otra cuestión, para nosotros fundamental, es tener la absoluta certeza de que la norma que firmemos va a ser aprobada por el Congreso» añadía.

Y es que la reforma ha encontrado un importante escollo político en Podemos. A los socios de Gobierno de Sánchez, las medidas de Escrivá son un «endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación» y creen que incluso algunas pensiones quedarían rebajadas con el periodo de cómputo. Sin apenas aliados, será muy complicado que Escrivá pueda sacar adelante la reforma.