El error del Gobierno persiguiendo a la banca

El Gobierno ha radicalizado esta semana su ataque a la banca. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, le ha repetido que debe «arrimar el hombro» viendo sus beneficios, sus sueldos y sus bonus. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha atrevido a sugerir a Ana Botín, la presidenta del Santander, que le falta dignidad cuando afirma que topar las hipotecas de familias vulnerables puede favorecer una cultura de impago.

El Gobierno ataca a la banca en busca de votos y la banca responde tímidamente. El director de Servicios Financieros de IE Business School, Manuel Romera, lleva muchos años siguiendo el sector y reconoce que la comunicación es uno de los grandes retos pendientes de la banca, aunque evidentemente no lo tiene fácil.

Los bancos han sido vistos a menudo como los malos de la película: las hipotecas, la negociación de otro tipo de créditos o la anterior crisis financiera ha trasladado sobre ellos en ocasiones una imagen de recelo a la que el equipo de Sánchez trata ahora de sacar partido.

La banca, sin embargo, es un actor clave para que la economía funcione. Tras unos años en los que su rentabilidad ha menguado por la reducción de los tipos de interés, ahora se enfrenta a un dilema: mantener el equilibrio entre la generación de unos beneficios que le permitirán dar más créditos y crear más empleo y el estudio exhaustivo de las posibilidades de sus clientes (particulares y empresas) para devolver los préstamos que les dan. La situación económica se nota en las cuentas de todos, y los bancos deben asegurarse todo lo que puedan de que les van a devolver el dinero que prestan. De eso depende su existencia. Todo el mundo sabe que un banco es un negocio que tiene que obtener ingresos suficientes para poder pagar a sus empleados, abonar sus otros costes y ganar dinero.

En lugar de perseguir a los bancos, el Gobierno debería estudiar con ellos el modo de facilitarles la vida para que impulsen la economía de particulares y empresas. Desde luego el impuesto a la banca no es un buen modo de hacerlo. Su impacto será testimonial: unos 1.500 millones anuales, si llega, frente a los 200.000 millones que recaudó el Estado en 2022 solo en IVA e IRPF. Y además parece que puede ser inconstitucional. Así lo creen los bancos, que basan su argumento en la doble imposición: quieren gravarles por los ingresos con el nuevo impuesto, y luego en el de Sociedades por los beneficios que generan con esos ingresos.

Según un estudio reciente de PwC, los bancos contribuyen a las arcas públicas pagando 11.599 millones de euros en impuestos. La cifra supone el 51 % de sus beneficios antes de impuestos en España, mucho más de lo que da cualquier otro sector económico en nuestro país. Los bancos españoles abonan casi diez puntos más de impuestos que sus homólogos en Alemania o Italia.

La banca lo ha pasado mal en los últimos años, pero los últimos datos del Banco de España reflejan que su solvencia se mantiene por encima del nivel observado antes de la pandemia a pesar de un entorno económico desfavorable. Sus niveles actuales se sitúan entre el 14 % y el 15 %, los mejores de su historia.

El esfuerzo de los bancos en eficiencia se traduce en que están alcanzando unos beneficios récord, pero eso no es malo si con ello contribuyen a generar más riqueza y puestos de trabajo para el país. Eso es positivo para todos. Y si cometen algún abuso de los que a veces se le acusan, ya está la justicia para actuar.