El Gobierno estudia introducir un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está estudiando introducir en la segunda pata de la reforma de las pensiones un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos, según han confirmado a Europa Press en fuentes del Gobierno.

Esta medida, adelantada hoy por el diario El País, está todavía por cuantificar y, según las fuentes consultadas por Europa Press, no está en absoluto cerrada, pues forma parte de un abanico de iniciativas encaminadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social que aún está en discusión tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios.

De momento, el Ministerio ha presentado a la Comisión Europea todas las posibilidades para reforzar los ingresos del sistema que están ahora mismo sobre la mesa en el diálogo social y político, incluyendo tanto las iniciativas que son propuestas por el Gobierno como las planteadas por el resto de interlocutores, precisan fuentes del Ejecutivo.

Este recargo en las cotizaciones de los sueldos más altos que se baraja sería adicional a las propuestas ya conocidas de elevar las bases máximas de cotización un 30 % en cerca de 30 años y de extender hasta 2050 la sobrecotización del 0,6% asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Actualmente, la cuantía del salario que está por encima de la base máxima de cotización (4.495 euros en 2023) no cotiza a la Seguridad Social porque está exenta. Aunque se suba la base máxima un 30 % en unos 30 años habrá salarios, los más elevados, que sigan escapando de cotizar en su totalidad. De ahí que se baraje la posibilidad de introducir un recargo adicional en lo que cotizan esos salarios tan altos.

La segunda parte de las reforma de pensiones -la primera acaba de celebrar su primer cumpleaños- debía haberse aprobado antes de finalizar 2022 para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, lo han impedido.

Desde el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, su titular, José Luis Escrivá, aseguró hace unos días que esperaba tener lista la reforma de pensiones este mismo mes. Aludía a la complejidad que supone que esta reforma se esté negociando en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos.

Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima -aunque no al mismo ritmo-, una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones.

El Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.

Esta propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo.

A CCOO y UGT tampoco les gusta. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.

Pero al margen del periodo de cálculo, sobre la mesa de la reforma de pensiones está también el destope de las bases máximas de cotización y la subida de la pensión máxima.

En su propuesta inicial, que es sólo un punto de partida, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30 % en dicho periodo.

Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas.

Los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios no quieren oír hablar de más aumentos de costes, pues el nuevo año ya les ha traído algunos.

¿Extensión del MEI hasta 2050?

Con la ley de Presupuestos del Estado para 2023, las bases máximas han subido un 8,6 %, desde los 4.139,40 euros mensuales de 2022 a 4.495,38 euros. Pero es que, además, con la llegada de 2023, ha entrado en vigor el MEI, que establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5 % corresponde a la empresa y un 0,1 % al trabajador.

Para una base de cotización mediana, de unos 2.000 euros de sueldo, esta subida del 0,6 % que establece el MEI, supone una cotización mensual de 12 euros, de los que dos euros los paga el trabajador y 10, la empresa.

El objetivo del MEI, con los que se prevén recaudar casi 3.000 millones de euros en 2023 que irán a la hucha de las pensiones, es el de reforzar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones de los 'baby boomers' entre 2032 y 2050.

Esta sobrecotización que establece el MEI, sustituto del llamado factor de sostenibilidad, se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2022 un 23,6 % y el trabajador, un 4,7 %. A partir de este 2023, con la entrada en vigor de este mecanismo, las empresas pagarán el 24,1 % y los trabajadores, el 4,8 %.

Precisamente, el MEI es otro de los puntos que se están abordando en la segunda parte de la reforma de pensiones para extenderlo hasta 2050, pues actualmente está establecido que deje de operar en 2032 para evaluar entonces si se mantiene o se adoptan otras medidas.