¿Es «demasiado barato» despedir en España, como dice Yolanda Díaz?

Pocos días atrás, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo en el Congreso que despedir personal es «demasiado barato» en España. Continuó afirmando que «no es admisible un mercado de trabajo basado en despidos a precio de saldo». Remató el tema considerando que la indemnización por despido debe ser «disuasoria y reparar el daño causado», en otra forma de criminalizar la figura del empresario.

Es falso que el coste del despido sea «demasiado barato». Es fácil corroborarlo si se comparan las indemnizaciones por despido justificado con las de otros países europeos. Un trabajador con cuatro años de antigüedad, cobraría en España el equivalente a cuatro salarios, mientras que en Francia y Hungría cobraría solo una remuneración, en Reino Unido y Portugal percibiría un salario y medio, en Alemania dos mensualidades y en Italia y Suecia, nada (en Italia cobraría lo acumulado en su «mochila austríaca»; datos del Informe de Crecimiento Empresarial de CEPYME).

Es más difícil comparar las indemnizaciones por despido improcedente pues hay muchas particularidades (en algunos países hay reducciones para las Pymes, para jóvenes o son determinadas por el juez). Sin embargo, mientras en nuestro país tienen un tope de 24 mensualidades, el mismo es de 12 meses en Hungría, 15,5 meses en Francia, 18 en Alemania, 24 en Italia y 32 en Suecia. La media de esos cinco países da poco más de 20 meses, es decir, por debajo que el tope español.

La idea de Yolanda Díaz sería que la indemnización dependiera de las circunstancias de cada caso. En otras palabras, se trataría de aplicar el «a cada cual según su necesidad» del Manifiesto Comunista al ámbito de la indemnización por despido. Esto sería un grave error por dos motivos principales.

Por un lado, desalentaría la contratación de los grupos que se pretendiera «proteger» más, pues sería imposible calcular el coste de la indemnización de un eventual despido. Nadie compra sin saber el precio; lo mismo pasa con los servicios laborales. Por otro, sería un nuevo golpe a la productividad: si el actual sistema de indemnizaciones ya es antiproductivo (llegado el caso, se despide al que haya que pagar menos, no al que trabaje peor), el «despido reparativo» que alentaría Díaz añadiría otra distorsión. Este tipo de distorsiones explican por qué el PIB por persona ocupada (la medida más general de productividad) es ahora casi el mismo que en 1995.

Pensar en «disuadir» el despido implica no entender cómo funciona una empresa. Ningún empresario quiere despedir a un empleado útil (pensar que se despide personal por placer solo cabe en la mente de quien considera a todo empresario un «explotador»). El despido es una de las herramientas necesarias para adaptar la empresa a un entorno cambiante y permitir su supervivencia. El despido de unos pocos salva el empleo de otros muchos. Además, quien es despedido cuenta con el apoyo de una prestación por desempleo durante hasta dos años.

Es evidente que un despido es una situación personal traumática. Pero la mejor forma de evitar ese mal momento a cualquier trabajador no es dificultar el despido, sino alentar la contratación. Mucho más en un país como España, con 3,7 millones de parados (tal el número si se tienen en cuenta los parados registrados más los grupos que el gobierno cuenta por separado, como los fijos-discontinuos que no trabajan), que ni siquiera tienen la posibilidad de plantearse el ser despedidos (ya quisieran poder correr ese riesgo).

Para alentar la contratación, lo primero que habría que hacer es reconocer que los que contratan son los empresarios. Eso se podría concretar, por ejemplo, dejando de hostigarlos, dejando de acusarlos falsamente de provocar inflación y dejando de aumentar artificialmente los costes laborales. Si, además de eso, se decidiera mejorar la legislación laboral, simplemente copiando lo que hacen los países de nuestro entorno, el mercado laboral podría funcionar mejor y los eventuales despidos se resolverían del mejor modo posible: encontrando rápidamente otro empleo, como ocurre en Suiza o EE.UU.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados @diebarcelo