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El ministro de Seguridad Social, José Luis EscriváEFE

En juego 10.000 millones

Así es la reforma de las pensiones que exige Bruselas y España no es capaz de cumplir

La extrema izquierda y el independentismo ponen en riesgo 10.000 millones de euros

España se expone a la suspensión de parte de los fondos del siguiente tramo del plan de recuperación si no cumple con los plazos acordados con Bruselas para sacar adelante la reforma de las pensiones. Se aplicaría la máxima sanción prevista en el procedimiento de suspensión de pagos para los retrasos en la entrada en vigor.

Tras recibir una evaluación favorable de la Comisión para el tercer desembolso de los fondos, dotado con 6.000 millones de euros, España debe encarar ahora las medidas para la solicitud del cuarto tramo, como la reforma del sistema de pensiones, que el Gobierno continúa negociando con sus socios y que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confía en pactar antes de que acabe el mes de febrero, aunque debería haberse aprobado a finales de 2022.

La formación morada sigue dando bandazos en sus pretensiones. La diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha señalado que el ministro Escrivá ha vendido un acuerdo que «no ha pactado» ni con los grupos parlamentarios ni con los agentes sociales. La diputada 'morada' ha advertido que en lo que se refiere a un nuevo periodo de cálculo «no va a haber un acuerdo», ya que «no hay consenso» con las diferentes formaciones políticas, tampoco con Unidas Podemos.

Cómputo de la pensión

Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del Ministerio, la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados. Esto significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

Este asunto es el que tiene en punto muerto la negociación y el que ha obligado a Bruselas a dar un toque de atención a España. Entran en juego UGT y CC.OO. que, en líneas generales, piden que se mejore el acceso a la jubilación porque «no hay ningún país en el que se exijan 15 años para cobrar una pensión».

Factor de sostenibilidad

Europa exige que España tenga un factor de sostenibilidad que automatice el equilibrio de las pensiones, pero este sistema, aprobado por el PP en 2013, no lo quiere el PSOE y mucho menos la oposición que abogan por mecanismos semiautomáticos que pueden complicar el futuro de las pensiones.

Es el de mayor fricción con el máximo organismo europeo. España quiere un Mecanismo de Equidad Intergeneracional para que las pensiones suban un 0,6 % de los cuáles el empresario se haga cargo del 0,5 % y el resto lo ponga el trabajador.

Aquí no se tiene en cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida y, por lo tanto, de cobro de pensiones durante más tiempo ni de otros aspectos demográficos como la natalidad o la inmigración.

Sostenibilidad del sistema

Bruselas necesita que España muestre que tiene un plan para equilibrar un sistema de ingresos y gastos en pensiones a 30 años. La jubilación del grueso de la generación del 'baby boom' se espera para dentro de dos años y el sistema tiene que estar preparado para hacer ese desembolso.

Europa

Bruselas no ve con buenos ojos que España vaya a su aire en el tema de las pensiones y teme un colapso. Escrivá y los socios de gobierno saben que Alemania, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Holanda, Polonia, Portugal y Suecia cuentan con mecanismos automáticos ligados a la esperanza de vida, edad real de jubilación o demografía mientras que España tienen un sistema «semiautomático» con el que el ministro asegura se podrán pagar el exceso de 15 millones de pensionistas en 2050.