El caso Ferrovial: por qué estamos provocando la huida de las empresas

El objetivo de una empresa es maximizar sus beneficios, lo cual es compatible con el cumplimiento de la legalidad, la honestidad e incluso, en últimos tiempos proliferan las «empresas con propósito», que reinvierten parte o todos sus beneficios en un fin social. Porque las compañías se deben a sus accionistas, quienes ponen en riesgo sus ahorros, esperando obtener una rentabilidad, y si no la perciben, recogen sus inversiones para depositarlas en un lugar que les genere mayores réditos.

Y es que las reglas del mercado son muy claras -a diferencia de los bandazos dados por algunas administraciones-. En el mercado prevalece la eficiencia y la rentabilidad, y para conseguirlos la columna vertebral la constituyen la competencia y la libertad. Por eso, un entorno ultra protector merma la eficiencia. Y una legislación que cambia al son de los pactos de investidura, genera una incertidumbre que apabulla las expectativas empresariales. No en vano, el dicho popular afirma que «el dinero es miedoso». Y lo es. Las expectativas empresariales pueden hacer crecer un sector, si son positivas, o pueden provocar por sí solas su quiebra, simplemente por la difusión de un rumor. Por esto es extraordinariamente lesivo el ecosistema legal en el que el sector empresarial se desenvuelve hoy en España, pues está cargado de incertidumbre laboral, fiscal y social.

El señalamiento mediático que el Gobierno realizó de algunos empresarios, definiéndolos como hombres oscuros que fuman puros, mientras gestionan unos espurios intereses económicos personales, alejados del valor social, es una manera muy torpe de enfrentarse -sin necesidad- a quienes generan riqueza y empleo. Y la permanente amenaza de modificar el importe de indemnización por despido, caricaturiza a los creadores de empleo, como unos «tíos Gilitos» usureros, que pretenden poner en valor la trasnochada plusvalía marxista. Solo quien no ha gestionado en su vida un céntimo puede tener esta visión propia de las dictaduras de principio del siglo XX.

Y ¡qué decir del entorno fiscal! Un sistema tributario no neutral condiciona las decisiones empresariales, al no adoptarse estas por criterios económicos, sino condicionadas por estrategias fiscales. Y si el sistema fiscal no es un instrumento al servicio de la política económica, -pues se encuentra plagado de improvisaciones, reclamaciones y recursos-, la incertidumbre hace muy poco atractivo el país como destino inversor.

A finales de 2022 España registró un crecimiento de empresas en quiebra del 63,6 % respecto a las registradas en 2021. Somos uno de los países de la Unión Europea en el que se han declarado un mayor número de empresas en suspensión de pagos, 9.606 fueron las compañías que quebraron en 2022, siendo hostelería, alojamiento y alimentación los sectores más afectados.

La fuga de inversores no es una novedad en España, pues fue Cataluña la región que experimentó una deslocalización empresarial de 1988 compañías en 2017, como reacción al intento de declaración de independencia. Y las razones son muy parecidas a las que argumenta Ferrovial, un entorno de incertidumbre legal no es el mejor semillero para que las empresas puedan crear riqueza.

La incertidumbre provoca la huida de las empresas y el exceso de tributación las asfixia lentamente hasta la muerte. El actual Impuesto sobre Sociedades en España, cargado de ajustes extracontables, solo contempla deducciones por inversiones en I+D+i, beneficios por creación de empleo para personas con algún tipo de discapacidad, y son más generosas con el sector cinematográfico y audiovisual, pues la Ley de Presupuestos para 2023 ha elevado de diez a veinte millones los límites de deducción a estas últimas. Pero siendo raquíticas las deducciones existentes, la legislación fiscal es perversa con las empresas que facturan más de sesenta millones de euros y han tenido la desgracia de acumular pérdidas en ejercicios anteriores, pues sólo le permite compensar el 25 % de la base imponible del ejercicio en curso. Este límite a la compensación de pérdidas en las grandes empresas es una forma estrangular la capacidad operativa de las grandes firmas, pues quién sabe si la vida de la empresa será lo suficientemente extensa como para poder compensar todas las pérdidas generadas con anterioridad.

La PYMES cierran y las grandes empresas se marchan como forma de protección ante un entorno hostil. Por esto, el Gobierno es responsable de eliminar todas aquellas trabas que muestren nuestro país como un lugar inseguro, arbitrario, en el que la voracidad recaudatoria todo lo impregna. En definitiva, confiemos en que España no se convierta en un país para empresas maduras.

• María Crespo es profesora titular de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá