Empresarios, pymes y autónomos dicen 'no' a la reforma de las pensiones: «Es populista»

Las organizaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA han expresado este viernes su «frontal oposición» a la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno. Tanto los grandes empresarios como los pequeños, los medianos y los autónomos acusan al Ejecutivo de «voracidad recaudatoria» con su propuesta.

En un comunicado conjunto, los empresarios denuncian que el sostenimiento del sistema de pensiones «se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones» que, según advierten, «mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo».

«La propuesta que se pretende aprobar, sin perjuicio de un análisis exhaustivo del documento entregado en la reunión de hoy, es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión», subrayan. «Resulta inconcebible, por otra parte, que el Gobierno afronte la reforma (...) sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes. Así, la propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano».

«Insistimos en que la voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución», añaden, justo antes de recordar la afectación que esta reforma tendrá sobre el tejido productivo.

«Esta propuesta, por último, pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes –energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales–, con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo».