El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo
Reforma de las pensiones
Juan Bravo (PP): «Cuando gobernaba el PP, Bruselas no preguntaba a España por las pensiones»
Asegura que el Gobierno «ha conseguido que todo el mundo dude de la sostenibilidad de las pensiones»
Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular se ha reunido con los medios de comunicación en la sede de la calle Génova para explicar la postura de su partido a la reforma de las pensiones que ha presentado el Gobierno a Bruselas.
Bravo aseguró que «no estamos de acuerdo en el planteamiento del Gobierno. No nos llaman después de presentarlo. Nos jugamos las pensiones hasta 2050 y por eso deberían participar cuantos más actores mejor», además, «no podemos opinar sobre una propuesta porque no tenemos datos». Sobre esto hizo mucha incidencia porque la falta de un documento oficial sobre este asunto cree que es peligroso para el futuro.
No estamos de acuerdo en el planteamiento del Gobierno sobre la reforma de las pensiones
El vicesecretario de Economía ha incidido en que los últimos modelos de reforma que el Gobierno han cambiado, «hemos pasado en unos meses del incremento conforme al IPC hasta una situación en la que los organismos dicen que esto no soluciona el problema porque las pensiones corren peligro, lo que pasa es que hay prisas por el desembolso europeo porque el compromiso fue para finales de 2022» y añadió que «han conseguido que todo el mundo dude de la sostenibilidad de las pensiones».
Impuesto encubierto
«El incremento de las bases máximas de cotización se trata de un impuesto encubierto. La base máxima subirá una cantidad importante», explicó.
Las palabras del ministro Escrivá en 2019 cuando era presidente de la AIReF también han sido recordadas, «han planteado algo que Escrivá criticaba en la AIReF. Esta reforma ataca a los trabajadores, es impuesto al trabajo, afecta al talento y no arregla el sistema de pensiones. Lo único que hace es establecer revisiones continuas».
Juan Bravo ofreció soluciones al problema del pago de pensiones del futuro cuando se jubile la generación del baby boom de nacidos en los años 60. «Ahora el coste de las pensiones es de 190.000 millones con 10 millones de parados y se está pagando con deuda, si tuviéramos 15 millones de jubilados como se prevé que habrá en 2050, tendríamos 300.000 millones de euros de coste», añadió.
El Gobierno ha planteado algo que Escrivá criticaba en la AIReF
«Debemos generar más empleo como elemento de compensación para las pensiones. Hay que acercar la oferta a la demanda. Tenemos 3,3 millones de parados, necesitamos 1,7 millones más de personas trabajando, eso supondrá 16.000 millones de euros en de cotizaciones más las renta que eso producirán, el consumo, menos recursos públicos», explicó.
Productividad
Bravo también se refirió a los problemas de productividad. «Necesitamos elevar la captación de talento. Hasta 2026, se calcula que habrá dos millones de nómadas digitales que tendrán que decidir dónde vivir. No podemos gravar más y que vengan a España y se encuentren con problemas administrativos» y recordó que «el 30 % de los contratos no se puede cerrar por problemas administrativos».
El pasado del PP sobre las pensiones fue un tema trascendente en su intervención. Bravo recordó que “en 2011 el Gobierno de Rajoy se encuentra con un déficit no declarado. Teníamos que evitar la intervención. Los pensionistas ganaron poder adquisitivo porque con IPC negativo se subieron las pensiones, el PSOE las ha congelado.
El 30 % de los contratos no se puede cerrar por problemas administrativos
Bravo también abordó el asunto de la modificación de la cuota de autónomos para incrementar cotizaciones por ingresos reales y aseguró que es un «es una patada adelante, un paso intermedio que se renegociará en tres años tiene que haber diálogo social y que ya nos ha hecho perder 111.000 autónomos perdidos».
Tope ibérico
Sobre el tope ibérico, comentó que «si la finalidad era rebajar la independencia del gas ruso, no se ha cumplido porque han subido las importaciones un 18 %, además, defienden que se use menos gas, pero se consume más. Nos ha costado 1.900 millones de euros el tope porque Europa no paga excepciones».
También quiso explicar las acciones del Gobierno en el peor momento, «no supieron mantener las buenas relaciones con Argelia para mantener el gas barato y lo hemos tenido que importar caro. El tope ibérico no es un chollo, si lo fuera lo aplicaría el resto de Europa», por otro lado, dio por bueno el tope de 67 euros «es bueno, el Gobierno dijo que quien vendiera más caro, tendría que ingresar el exceso al Estado y decidieron no subirlo».