El campo y la industria alimentaria deben ponerse las pilas

El grupo parlamentario Renew Europe, al que pertenece Ciudadanos, ha participado en una jornada muy interesante sobre los problemas del campo y la industria alimentaria organizada por la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) y El Debate. La jornada inicia un ciclo titulado Debates europeos con AMMDE. La primera sesión se ha llamado Retos normativos del sector agroalimentario en el marco de la UE y ha contado con la presencia de la eurodiputada por Ciudadanos Susana Solís y representantes de empresas como Calidad Pascual, Grupo Fuertes o Lactalis, entre otros.

En el debate han quedado de manifiesto grandes preocupaciones del sector como el creciente protagonismo de posturas veganas, animalistas o verdes en general frente al mundo de la carne, la acumulación de costes que se incrementa ahora con el impuesto a los envases en España, el único de Europa, o el aumento asfixiante de trámites burocráticos, que ahoga la capacidad de las empresas, especialmente las pequeñas.

La eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís ha comenzado recordando que 2022 ha sido «un año nefasto» para el sector por el aumento de costes. Los relacionados con la producción suponen el 60 % de las explotaciones agrarias, y esa cuestión afecta a su viabilidad. «Si no se legisla, el campo va a plantarse», ha reconocido, y ha recordado a los asistentes que en su grupo tienen a un aliado para defenderles en Europa.

Rocío Medina, presidenta de un grupo onubense fundado hace sesenta años, con 600 empleados y especializado en el cultivo de la fresa, el caqui y otros frutos, se pregunta qué va a pasar con ellos si “no llueve, los costes se disparan, es un circo buscar gente para trabajar en el campo, ahora se pide una reducción de fitosanitarios y abonos… ¿Qué va a ser de la agricultura? ¿Vamos a la despoblación, a la desertización? ¿Si todo sube, a qué precio vamos a tener que vender? ¿El ciudadano va a comprar? ¿Vamos a ser capaces de producir para toda la población o vamos a tener que abandonar nuestros campos?".

Con esta intervención dramática, a la que asentían los ocho componentes de la mesa, se iniciaba el debate. La reducción del uso de fitosanitarios (productos para prevenir y curar enfermedades de las plantas) es uno de los aspectos que más preocupaba a los asistentes. La Unión Europea ha planteado una disminución del 50 % para el año 2030. Frente a ello, Solís ha señalado que la medida puede incluirse en un reglamento que se vota en septiembre. «Tenemos que ver cómo podemos influir antes de que se llegue al voto final», ha dicho.

Javier Poza, asesor político de la Comisión Parlamentaria de Agricultura en el grupo Renew Europe, señalaba en la mesa que «hay que moldear las políticas europeas influyendo en ellas: hay que ir a los eurodiputados y contarles. También hay que intentar influir en el Gobierno, ya que va a ser la presidencia española la que va a negociar esta cuestión (su mandato empieza en julio). Hay que ponerse las pilas», ha dicho. En la mesa se ha comentado cómo hay representantes de la industria agroalimentaria de otros países que hablan con los eurodiputados y consiguen cosas, pero los españoles no lo han hecho hasta ahora. En estos días Mercadona ha puesto una oficina en Bruselas.

El sector agroalimentario español no se ha movido en este terreno y tampoco en otros. «¿Son conscientes los políticos de la Unión Europea de la importancia de la ganadería y de la agricultura para el Viejo Continente o esa visión se ha visto enturbiada por las voces de los grupos ecologistas, animalistas y veganos que han colocado la etiqueta de sector contaminante, pese a todos los esfuerzos realizados por el sector y a la estricta legislación europea en materia ambiental con la que, por otra parte, estamos completamente de acuerdo?», se preguntaba Mar Fuertes, del importante Grupo Fuertes de Murcia. «Los animalistas y los veganos tienen un gran peso en Europa: influyen mucho y comunican mejor», admite Susana Solís. «Los lobistas verdes han ganado la batalla: el relato», ha añadido.

María Ángeles Benítez, ex directora general de Agricultura de la Comisión de la UE y ex directora de la Oficina de la Comisión Europea en España, lamenta que el sector agroalimentario «siempre ha sido injustamente señalado y acusado, con poca comprensión de lo que aporta. Nos han hecho creer que una vaca contamina más que un coche. Hay un problema de comunicación».

El sector tiene que comunicar más y mejor, y también ha presentado otras dificultades. Beatriz Alejandro, de Bodegas Villota, ha citado el inconveniente de la desaparición de los viñedos viejos, su repercusión sobre la calidad de los vinos y cómo se está reduciendo la riqueza de variedades, por ejemplo en el Rioja.

Óscar Hernandez, de Calidad Pascual, ha llamado a la reflexión sobre la frase de Macron en cuanto al fin de la abundancia: que se acabó la era de los alimentos baratos y masivos. Afirma que es verdad. Ha criticado que se hable de progresividad en las medidas, cuando el impuesto a los envases ya está, sin esperar más; y ha arremetido contra el comisario Timmermans, que hablaba de economía circular y ahora de reutilización de los envases tras el consumo. Son dos cuestiones distintas, más cambios que no dan estabilidad al sector.

El impuesto a los envases es un coste más, dentro de unos costes que preocupan porque no paran de crecer, como tampoco se frena la burocracia. «Entre 2021 y 2022 ha habido 1.200 nuevas regulaciones sociales, medioambientales y de buen gobierno. Adaptarse requiere un gran esfuerzo, más aún en un país de pymes», ha dicho Henar López, de Grupo Lactalis.

Como se ve, los problemas del sector son muchos, y sus representantes deben moverse en Europa y en España si no quieren perder peso o desaparecer por el camino. La agenda verde se ha convertido en muchos aspectos en un enemigo para ellos, y si no se esfuerzan en dar la vuelta al relato, van a tener muchos problemas.