Podemos y la vivienda: cronología de una tragedia social

Decía Pablo Iglesias en 2021, antes de emprender su última aventura política como candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, que a Podemos poco menos que le iba la vida en la ley de vivienda. Algo que corroboró ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Un emblema para la extrema izquierda sobre el que Iglesias avisaba, «El PSOE no puede permitirse el sacar adelante una ley que favorece a los grandes propietarios con el apoyo del PP». Una vez que dejó la vicepresidencia, los implicados de uno y otro lado aseguran que las negociaciones fueron más fáciles, pero Podemos siempre ha sido una piedra en el zapato para los ministros socialistas por sus propuestas descontroladas como topar el precio del alquiler de forma permanente o culpar a los bancos del bloqueo de la ley.

Belarra

Ahora llega el turno de Ione Belarra, la ministra que ha tomado las riendas de Podemos en temas de vivienda una vez que Yolanda Díaz ha pisado el freno porque tiene otros objetivos políticos de cara a las elecciones generales de finales de año.

Su último infortunio verbal ha sido pedir a los bancos que el cambio de hipoteca de variable a fijo sea gratuito y asegura que si no se consigue empezarán los impagos. Belarra llega tarde a esta propuesta porque su compañera socialista Nadia Calviño ya avisó en su día de que en 2019 ya se modificó la Ley Hipotecaria para que los ciudadanos pudieran cambiarse «fácilmente» de una hipoteca de tipo variable a una de tipo fijo «sin ningún coste o a un coste muy bajo».

Otra de las ocurrencias de la extrema izquierda sobre vivienda fue en Madrid y la hicieron el pasado mes de febrero de 2023. Su candidata a la presidencia de la Comunidad, Alejandra Jacinto propuso poner en marcha desde el 28 de mayo una inmobiliaria pública en la capital de España.

Inmobiliaria pública

El desprecio de Podemos a la propiedad privada viene de lejos y no quieren que las 240.000 viviendas que hay vacías en Madrid, según sus datos, sigan así, aunque los propietarios sean libres de hacer con sus casas lo que quieran y las nuevas leyes tampoco les dejen mucho margen en vista de la subida de precios por la inflación.

Jacinto llegó a hablar de oligopolio y cargó contra portales que se dedican a la difusión de ofertas, «Tienen que existir entidades públicas que garanticen el derecho a la vivienda que sea capaz de competir con el oligopolio que representan inmobiliarias como fotocasa o redpiso».

Con dinero público pretende que se paguen fianzas, IBI y tres meses de garantías ante impagos incluso la rehabilitación de la vivienda además de no pagar impuesto autonómico.

Honorarios

Hay más sobre el drama inmobiliario que pretende Podemos. En su día, la formación morada también pidió que las agencias inmobiliarias no cobrasen a los inquilinos los honorarios correspondientes por el servicio de gestión del alquiler y que sean los propietarios los que asuman el coste.

La miseria en materia de vivienda a la que quiere llevar Podemos a España vuelve a pasar por Madrid cuando pretendieron limitar la compra de viviendas a extranjeros en la capital. «La vivienda en la Comunidad de Madrid tiene que dejar de ser un bien especulativo, las casas son para las personas», avisó Alejandra Jacinto en un comentario que se entendió como un claro intervencionismo impropio de las democracias europeas.

Los grandes tenedores, como en su día fueron Irene Montero y Pablo Iglesias con sus numerosas viviendas, también fueron objetivo de la extrema izquierda. En 2021 Ione Belarra ya hacía sus pinitos en el Real Estate y promulgaba una «emergencia habitacional» por la que pretendía obligar a los grandes propietarios a ceder el 30 % de sus viviendas al alquiler social.

Alquiler social

Un vistazo al pasado más reciente de la relación del PSOE y Podemos respecto a la ley de vivienda es suficiente para entender la magnitud del acuerdo y por qué ambas partes quieren ceder lo menos posible. El PSOE no puede asumir las imprudencias de Podemos y los morados saben que lo que ganen ahora será su pasaporte para estar en el Gobierno otra legislatura.