La ley de vivienda, «un acuerdo que acabará con la oferta de alquiler en España»

El Gobierno ha llegado a un acuerdo este viernes con ERC y Bildu para desbloquear la ley de vivienda, un texto que mantendrá el tope del alquiler que el Ejecutivo implantó hace un año y que no ha evitado el aumento de los precios. Mientras Sánchez ve una oportunidad electoral de cara a unas elecciones en las que pintan bastos, el sector advierte que esta ley «acabará definitivamente con la oferta de alquiler en España».

El proyecto llevaba varado más de un año por la negativa de Calviño a imponer topes permanentes a las actualizaciones de la renta. «Los ciudadanos no quieren que demos mensajes que son fáciles y que, aunque en un momento dado puedan ser atractivos, no resuelven los problemas», comentaba al respecto hace unas semanas la titular de Economía en el programa Els Matins de TV3.

Aprovechando las consecuencias de la invasión de Ucrania, el Gobierno aprobó un Plan Nacional en el que establecía una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento hasta el 30 de junio de 2022 que no podría superar la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), en ese momento en el 2 %.

No se trataba, sin embargo, de una decisión fortuita producto de las circunstancias: era una vieja demanda de Podemos que Sánchez incluyó en su programa. De hecho, a finales de 2020, Pablo Iglesias anunció que España tendría «la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado de alquiler en Europa». Las cartas sobre la mesa.

Ahora, y tras el acuerdo alcanzado con las formaciones independentistas, durante 2023 se aplicará el límite del 2 % en vigor y aumentará hasta el 3 % en 2024. A partir de 2025, se creará un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC, que ya no será referencia.

«Si este acuerdo llega a convertirse en ley, acabará definitivamente con la poca oferta de viviendas en alquiler, porque todas las medidas están encaminadas a atacar a los propietarios, tanto particulares, como empresas», señala José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Para Zurdo, «con el 2 % ya se está creando una distorsión en el mercado, perjudicando a los propietarios particulares y aumentando los precios de los nuevos alquileres». «Si en el 2024 se sitúa la actualización en un 3 % y el IPC baja de esa cifra, los perjudicados serán los inquilinos».

«Esta injerencia de lo público en lo privado, lo que consigue es distorsionar y desequilibrar un mercado entre particulares, que debe regirse por la relación entre la oferta y la demanda», añade.

Fuentes del sector reconocen, no obstante, que el IPC no era la mejor referencia para negociar la actualización de las rentas, pero hasta que el Gobierno no defina un nuevo índice, la mejor forma de reducir los precios es aumentando la oferta de viviendas en alquiler.

Y es que desde que el Ejecutivo aprobó la limitación del 2 % en la actualización de la renta del alquiler, el precio por metro cuadrado por estas viviendas ha aumentado un 7,9 %, según el informe de precios de Idealista.

Esto no quiere decir que los propietarios hayan incumplido la ley, pero sí es un buen indicador de los precios que se encuentran los nuevos contratos que se hacen. Por ejemplo, a una persona que quisiera alquilar una vivienda en Baleares en marzo de 2023 le pidieron una renta un 19,7 % superior a hace un año, mientras que aquellos que firmaron el contrato entonces pagaron el mes pasado una actualización de solo el 2 %.

Bonificaciones

El motivo es que, ante la limitación de las subidas del alquiler impuesta por el Gobierno, muchos propietarios han aprovechado para vender sus viviendas o simplemente retirarlas del mercado, lo que reduce considerablemente la oferta.

«Los nuevos inquilinos o colectivos vulnerables como los jóvenes que buscan vivienda por primera vez o que se introducen en el mercado, probablemente se encontrarán con un mercado del alquiler cada vez más limitado en cuanto a oferta y menos dinámico, en el que será muy difícil entrar», apunta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

«En este sentido, se aprecian carencias en cuanto a la seguridad jurídica y contrapartidas en forma de ayudas o bonificaciones para los propietarios que también sufren las tensiones inflacionistas y el alza de los precios».

Por el momento, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno con los independentistas no son más que esbozos todavía por definir, pero en el sector no dudan de que por delante queda mucho camino.