Al imperio de Ferrovial no hay quien lo pare

Hasta cuatro ministras han intentado convencer a los directivos de Ferrovial para que la firma mantuviera su sede social en nuestro país. Nadia Calviño, Yolanda Díaz, María Jesús Montero y Raquel Sánchez hablaron presencialmente o por teléfono con el presidente, Rafael del Pino, en unos casos, y con su consejero delegado, Ignacio Madridejos, en otro (Yolanda Díaz). La pregunta es a qué venía tanta reunión: ¿afán de protagonismo? ¿Falta de coordinación? Fuera lo que fuese, la compañía estuvo a disposición del Gobierno para hablar de lo que quisieran; también del presidente, aunque, como es sabido, no devolvió las llamadas que se le hicieron desde Ferrovial. Sánchez criticó a la compañía en público, pero no se atrevió a decir nada a la cara a Rafael del Pino.

En cualquier caso, por más conversaciones que hubiera habido, habría dado lo mismo: Ferrovial estaba convencida de su interés en trasladar su sede social a Países Bajos y cotizar en la Bolsa de Ámsterdam como paso previo para saltar a la Bolsa de Nueva York. Este último es su verdadero foco para acceder a una financiación mejor que le permita seguir creciendo con sus megaproyectos internacionales.

El Gobierno se ha empeñado en decir que Ferrovial podía cotizar directamente en Nueva York sin pasar por los Países Bajos, aunque ellos mismos en su carta enviada a la compañía y publicada en los medios no mostraban tenerlo muy claro: por un lado aseguraban que podía cotizar directamente allí, y por otro comentaban que había que «explorar la vía».

Sin entrar en demasiados tecnicismos, la realidad es que no se puede: hay inconvenientes tecnológicos con esa cotización directa que provocarían problemas con cuestiones como las liquidaciones y los saldos. «Lo importante es que haya liquidez: que por ejemplo venga un fondo e invierta un 1 % con agilidad. La Bolsa española tiene muy poca liquidez: se mueve muy poco», explica un conocedor de la operación.

Ferrovial traslada su sede social para mejorar sus condiciones de financiación. No se va para pagar menos impuestos (abonará prácticamente lo mismo en Sociedades en Países Bajos) y va a seguir abonando los impuestos asociados a su presencia en España (la Seguridad Social de sus alrededor de 5.000 empleados en nuestro país, los relacionados con sus edificios, etc.). Tampoco tiene sentido pedir que devuelva el dinero de sus contratos de obra pública, como ha dicho algún político, porque esos contratos se dan por concurso: si no, sería ilegal.

El Gobierno y sus ministros han alentado el debate sobre Ferrovial como bote de humo para tapar otros de sus problemas como los relacionados con el Tito Berni o la ley del sí es sí. En este contexto se habló por ejemplo de que Norges Bank, el fondo soberano de Noruega que posee el 1,49 % de Ferrovial, votaría en contra del traslado de la sede social a los Países Bajos, como si se rebelara ante la salida de España de la compañía. Los motivos, sin embargo, son otros: a los gestores del fondo no les gusta el modelo de gobernanza que hay en los Países Bajos porque puede propiciar cambios en sus derechos de los accionistas. Lo han manifestado en el caso de Ferrovial y en el de otras empresas en las que habían invertido. Pese a ello, vista la actitud del Gobierno, finalmente votaron a favor del cambio de sede social.

También se tergiversó la oposición al traslado del hermano de Rafael del Pino, Leopoldo, que cuenta con el 4 % de las acciones de la compañía. Su oposición no es por un supuesto patriotismo o por el bien de la compañía, sino porque no se lleva bien con su hermano. Ya se ha opuesto previamente a otras de sus decisiones.

Leopoldo del Pino votó en contra del traslado, pero ya ha dicho que no va a ejercer el derecho de separación (pedir a la empresa que le pague por sus acciones por el desacuerdo con la medida). Si lo hiciera y de este modo se llegara al 2,5 % del capital que se opone a la medida, la compañía tendría que parar el cambio de sede o modificar las condiciones del proceso para poder atender a las reclamaciones de los inversores contrarios a la decisión.

El 93,3 % de los accionistas de Ferrovial votó el jueves 13 de abril a favor del traslado de la sede social a los Países Bajos. Quienes votaron en contra tienen un mes para ejercer su derecho de separación, pero el actual precio de la acción resta sentido a hacerlo. Cerró el viernes a 27,59 euros, y el derecho de separación se pagaría a 26 euros por título. Si el precio de la acción sigue igual o está por encima dentro de un mes, perderían dinero.

Por otra parte, si, como ha dicho, Leopoldo del Pino no ejerce su derecho de separación, el impacto negativo de los otros accionistas se quedaría en 42 millones de euros, muy lejos de los 500 millones establecidos como límite por la compañía para seguir adelante con el proceso.

Todo apunta a que el próximo 14 de mayo se dará por definitivamente aprobado el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. En ese caso la compañía continuará con su proceso de fusión inversa transfronteriza en el que la sociedad matriz del grupo, Ferrovial SA, será absorbida por su filial Ferrovial International SE (FISE). Con este cambio, la sede social de la matriz del grupo se trasladará a Países Bajos y sus acciones cotizarán simultáneamente en España (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), Países Bajos (Euronext Amsterdam) y posteriormente se solicitará su cotización en Estados Unidos.

Quienes han vivido de cerca el proceso, piensan que el Gobierno de Sánchez ha perdido una oportunidad magnífica para hablar de la pujanza de las empresas españolas y del orgullo de tener una compañía como Ferrovial, uno de los líderes mundiales en infraestructuras, presente en activos tan importantes a nivel global como la autopista 407 ETR en Canadá, el aeropuerto de Heathrow en Londres o el JFK en Nueva York. En su lugar, el Gobierno ha preferido tirar de ideología para intentar rascar unos votos y tapar sus problemas, curiosamente a dos meses de que Sánchez ocupe la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que supuestamente defiende la libertad de movimientos que ahora critica a Ferrovial. Con esta estrategia, cabe preguntarse si habrá más empresas españolas que sigan a la presidida por Rafael del Pino.