Bruselas afea a Calviño su asalto a la cúpula del INE para colocar a una funcionaria afín

En verano de 2022 el Gobierno decidió que la forma en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilaba y difundía datos no debía convenir a sus intereses. Los números de la inflación y el paro dejaban al descubierto los discursos triunfalistas de Calviño, Montero y del propio Pedro Sánchez y se decidió cambiar a Juan Manuel Rodríguez Poo por Elena Manzanera.

Mejores datos

El perfil técnico de la elegida por la ministra Nadia Calviño era, en realidad, una persona que desarrolló toda su carrera profesional en puestos directivos de organismos públicos durante el mandato del PSOE en Andalucía y que empezó a caer profesionalmente con la llegada de Juanma Moreno a la Junta cuando llegó a la dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a propuesta de Ciudadanos.

Desde su nombramiento los datos de la inflación mejoraron y en las cifras del paro se empezó a ver que el número de fijos discontinuos alteraba los resultados a favor del Gobierno. Este sutil cambio ha sido ahora revisado por Bruselas que ha publicado un informe clave para mostrar la tropelía en un organismo tan importante para el devenir de España que, a su vez, tiene que rendir cuentas con Eurostat.

En las 54 páginas del informe de revisión por pares del sistema estadístico español y el grado de cumplimiento del Código de Buenas Prácticas europeo se explica que «El equipo de revisión por pares observó que la recomendación 1 de la revisión por pares de 2015 del sistema estadístico español aún no se ha aplicado. La recomendación fue la siguiente: El Instituto Nacional de Estadística debería emprender acciones para fomentar las modificaciones legislativas necesarias, estableciendo disposiciones claras para el nombramiento y cese del Presidente del Instituto Nacional de Estadística, en línea con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas (indicador 1.8 del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas)».

Destitución

Esto es un toque de atención público a la forma en que se sustituyó a Poo por Manzanera y así se refleja cuando dice que «El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital debe revisar la base legal para el nombramiento del Presidente del INE para que los no funcionarios puedan ser considerados para cita; además, la Ley de la Función Estadística Pública debe resaltar las razones para destitución del Presidente del INE en el sentido del Reglamento 223/2009».

Otra de las recomendaciones del informe es para los ministerios que elaboran y difunden estadísticas, «El establecimiento de protocolos más detallados en relación con la transferencia de datos, los umbrales de confidencialidad estadística, los metadatos y el uso de clasificaciones estándares mejoraría la comparabilidad de las estadísticas elaboradas por las Otras Autoridades Nacionales y reforzaría la coordinación».

Este párrafo llega para avisar al Gobierno del trasvase de datos entre los ministerios y el INE de cara a Europa y evitar ese maquillaje de cifras que el Gobierno no negó, pero que acabó en la posibilidad del desglose de los datos del paro para contabilizar los fijos discontinuos.

Más perfiles

Los expertos de la oficina de estadística europea, Eurostat, han recomendado a España que amplíe el abanico de candidatos a la Presidencia del INE para que no sólo los funcionarios puedan acceder a este cargo, sino también académicos de alto nivel de universidades privadas y personas del sector comercial.

En su informe esta exclusión establecida en la Ley de la Función Estadística Pública (LFEP) supone «una excepción innecesaria al principio de competencia abierta».

De acuerdo con esta norma, el presidente del INE es nombrado por el Gobierno mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía. Su nombramiento conlleva la asunción del cargo de Subsecretario, cargo que, a su vez, debe seleccionarse entre funcionarios de carrera de la escala superior (grupo A1).

«Esto significa que ciertos candidatos potenciales, como los académicos de alto nivel de universidades privadas y personas del sector comercial, no pueden presentarse», exponen los expertos de Eurostat, que denuncian además que la normativa española «no deja claro que los candidatos al puesto de presidente deban tener una formación profesional adecuada», ni los posibles motivos por los que pueda ser cesado.

Funcionarios

Tampoco falta una llamada al orden para que España trabaje en el número de funcionarios designados al INE y en su formación. «No existe un proceso sistemático de evaluación de los recursos humanos para determinar la asignación, el rendimiento y las necesidades de formación del personal del INE. El INE explicó que todavía no se han desarrollado sistemas de evaluación del rendimiento del personal en la Administración española y que el INE no los ha desarrollado unilateralmente».