El parche de las cien mil viviendas con las que el Gobierno esconde su fracaso inmobiliario

Pedro Sánchez anunció en el Congreso la construcción de 43.000 viviendas financiadas por el ICO gracias a los fondos europeos. Se suman a las casi 50.000 de la Sareb que pretenden destinar a viviendas de alquiler a precios «asequibles».

En apenas 24 horas el Gobierno se ha sacado de la manga casi cien mil viviendas con las que quiere encubrir la ley de vivienda que han pergeñado la extrema izquierda con los independentistas y Bildu.

Nadia Calviño apenas pudo evitar el tope del 3 % al alquiler indefinido que pretendían a cambio de una nueva cifra que no sea el IPC. El resto son mecanismos que ponen en peligro la propiedad privada y empobrecen a los propietarios.

Varias asociaciones ya han avisado de que habrá menos vivienda en alquiler y las que hay tendrán los precios por las nubes en unos meses al margen de los contratos leoninos que se firmarán en los nuevos alquileres.

Peajes

Esa ley, como la del 'solo sí es sí', son dos de los peores peajes que ha tenido que pagar la parte socialista del Gobierno a cambio de mantenerse en el poder y de asegurar acuerdos para una nueva legislatura a finales de 2023.

El tamaño del problema que ha creado esa ley ha obligado a Pedro Sánchez a tomar las riendas de la situación a base de parches que ha anunciado de forma victoriosa en el Congreso de los Diputados.

La primera medida fueron las casi 50.000 viviendas de la Sareb que se iban a destinar al alquiler y que se ha demostrado que apenas serán 9.000 y que están en zonas con muy baja demanda, como desvelo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Una vez que el Gobierno fue consciente del error, lo cubrió con otro mayor en el anuncio de la construcción de 43.000 viviendas fruto de los fondos europeos que se gestionarán mediante el ICO a modo de financiación.

Créditos ICO

Al margen de que ese anuncio se hace sin anunciar terrenos, constructoras, precios o protecciones asociadas, hay que valorar que incurrir en deudas con el ICO supone un quebradero de cabeza para las empresas porque aquellas con créditos ICO que entran en concurso necesitan el visto bueno de la Agencia Tributaria para negociar los convenios concursales. Pero la Administración no tiene medios para ir caso a caso y acaban en la quiebra.

La extrema izquierda y el socialismo han volado los cimientos de la vivienda en España con una ley criticada que ahora parchean con anuncios de difícil cumplimiento.