¿De dónde sacará Sánchez las 50.000 casas que ha prometido de la Sareb?

Cuando Soraya Sáenz de Santamaría aseguró, en pleno 31 de agosto de 2012, que la reestructuración bancaria «no le costaría un euro a los contribuyentes», seguramente no pensaba que más de una década después serviría para hacerle la campaña al PSOE. Ahora Sánchez se ha sacado de la manga una «movilización» de viviendas procedentes de la Sareb para alquiler social a precios reducidos. Pero las propiedades de esta sociedad no son suficientes para cubrir las promesas del presidente.

La lógica de la operación era sencilla. El FROB, junto a varias entidades de crédito, creó la Sareb para hacerse con los activos tóxicos de las cajas y bancos rescatados por la crisis de 2008 y darles valor a través, principalmente, de la ejecución y dación de suelo e inmuebles. Para ello se pidió un crédito avalado por el Estado de 50.000 millones con vencimiento en 2027. La deuda se amortizaría hasta entonces gracias a la venta de esos activos.

El problema es que la sociedad no fue capaz de revalorizar esos activos lo que llevó a la sociedad a tener un déficit de 9.000 millones de euros. En 2021, además, Bruselas dio un toque de atención a España por no incluir la deuda de este organismo dentro de las cuentas públicas, lo que obligó al Gobierno, vía Real Decreto, a elevar su participación por encima del 50 % a costa de aumentar la deuda pública en 35.000 millones. Con las cuentas de 2022 ya cerradas, todavía queda por amortizar un 60 % del crédito, casi 30.500 millones, en los próximos cuatro años.

Sánchez, consciente del marrón que tiene entre manos, ha anunciado un plan que tiene mucho de cálculo electoral y poco de solución. Calviño, encargada habitual de matizar las los anuncios económicos del presidente, explicó que la medida se sustentaba en tres ejes: la «movilización» –en realidad una venta o cesión temporal en usufructo a las Comunidades Autónomas– de 21.000 viviendas para uso social –de las cuales 9.000 ya están disponibles para la venta y 12.000 pendientes de finalización– y la gestión proactiva de 14.000 inmuebles ya habitados para los que se ofrecerán alquileres asequibles a familias vulnerables teniendo en cuenta su nivel de renta, ayudándoles a regularizar su situación «en la búsqueda de empleo y en el acceso a los servicios sociales o la solicitud del Ingreso Mínimo Vital».

«Son una manera de subvencionar a la industria del rescate de personas supuestamente vulnerables», explica Diego Sanz, portavoz de Plan Sareb, una plataforma que lleva años denunciando las irregularidades cometidas por esta sociedad. «Estas intervenciones vinculan el contrato del alquiler con el cumplimiento del acompañamiento social, la realización de cursos o entrevistas de trabajo. Esto no responde al perfil de las personas que ya estamos viviendo en esas casas ya que tenemos trabajo».

«Estos alquileres están diseñados para que nos echen de las casas al primer tropezón, como negarse al acompañamiento social. La misma semana que leemos los titulares de que se van a movilizar las viviendas, nos están llegando cartas a los inquilinos de Sareb con subidas de hasta un 300 %», añade.

La trampa está que la nueva ley de vivienda solo incentiva los alquileres sociales, pero no los impone como obligatorios, lo que no impide que las rentas asciendan a precios de mercado en caso de que se elimine la subvención.

15.000 viviendas en el aire

Otro asunto pendiente es el de las «15.000 viviendas adicionales» del que el Ministerio no ha dado demasiados datos. Según Calviño, provendrán de «un proyecto de cesión de suelo urbanizable mediante un esquema de colaboración público-privada».

Actualmente, la Sareb fundó en 2019 Árqura Homes, una promotora en el que integraría suelos y obras en curso por valor de 800 millones de euros. Se trataba, en definitiva, del lado bueno del banco malo y su gestión está delegada en Aelca, propiedad de Värde y sobre la que Sareb tiene una opción de compra.

Árqura Homes, a través de Aelca, ofrece 17.095 inmuebles situados en zonas de costa como viviendas de medio millón de euros en Benalmádena o locales comerciales en Palma, todas a precios de mercado. Todo un ejemplo de alquiler social.