Europa acusa al Gobierno de no colaborar con la Fiscalía en la detección de fraudes con los fondos europeos

El Debate ha tenido acceso al borrador inicial del informe de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo sobre su visita a España el pasado mes de febrero para analizar el modo en el que se están distribuyendo los fondos europeos en nuestro país.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con los controles antifraude que Europa exige en el despliegue de estos fondos. En él el Parlamento dice que «toma nota de los comentarios realizados por la Fiscalía Europea (EPPO) y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), en los que se identificaron problemas en curso con las autoridades españolas en relación con su acceso a los datos, los procedimientos para garantizar que se notifican a la Fiscalía Europea y la OLAF las sospechas de delitos relacionados específicamente con los Fondos de Recuperación y Resiliencia, y el establecimiento de puntos de contacto. Lamentamos que las autoridades españolas aún no hayan respondido al cuestionario de la Fiscalía Europea sobre posibles fraudes relacionados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que exista preocupación sobre el retraso en la notificación de posibles casos a la Fiscalía Europea. Recordamos que la protección de los intereses financieros de la Unión Europea es una responsabilidad compartida que se basa en una cooperación estrecha entre la UE y las autoridades españolas. Pedimos a las autoridades españolas que se aseguren de que la Fiscalía Europea recibe informes oportunos sobre sospechas de fraude que afecten a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

En otro de los puntos señala que «recuerda que la Comisión de Control Presupuestario tiene tolerancia cero con la corrupción y ha consultado al Gobierno sobre los cambios recientes en el código penal (malversación); pide al Gobierno español que garantice que su legislación esté alineada con este principio de tolerancia cero y que no haya excepciones».

El informe se debate esta tarde en el Parlamento Europeo y pueden introducirse modificaciones hasta el próximo 2 de mayo. Además de la preocupación con la detección del fraude, destaca problemas como la falta de entendimiento con las comunidades autónomas y la burocracia: «La implementación actual de los fondos debería ser más flexible; la carga administrativa era una queja habitual de las partes interesadas», dice en un punto. «La inseguridad jurídica en los procedimientos ex ante relativos a licitaciones complejas y conflictos de intereses, con una interpretación demasiado amplia de la definición, ha ralentizado potencialmente la ejecución de los fondos; pedimos a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la falta de claridad en la interpretación del conflicto de intereses para adecuarla estrictamente al interés real y económico financiero», se indica en el mismo punto.

En otro punto del informe, la Comisión de Control Presupuestario «pide a las autoridades españolas que velen porque la información sobre proyectos, pagos y reformas se publique de manera más oportuna, estructurada y accesible, incluida la información sobre los destinatarios finales de los fondos». Por otro lado señalan que hay mucha información disponible sobre los fondos, pero es difícil de encontrar para el público y los periodistas.