España pide a Europa acceso total a los mensajes de WhatsApp

Llegó el escándalo a Europa con España como protagonista. Hace unas semanas el Consejo de Europa envió un documento a los países miembro para conocer su postura sobre la regulación de la encriptación de mensajes.

Detrás de ese documento hay una clara intención de perseguir la difusión de material de abuso sexual infantil mediante una serie de medidas que podrían obligar a las plataformas a escanear los mensajes de los usuarios para encontrar pruebas.

Privacidad

La privacidad de la que tanto presume la Unión Europea y que casi obliga a Mark Zuckerberg a retirar Facebook del viejo continente, no se tiene en cuenta ahora con la excusa de perseguir un delito como es el de la pornografía infantil. Un delito muy grave, pero no puede acometerse provocando otro como es el de la invasión del derecho a la privacidad.

Y en medio de todo esto, España. De los 20 países consultados, la mayoría pidió algún tipo de lectura de los mensajes enviados por aplicaciones como WhatsApp para ayudar en las investigaciones, pero la respuesta del Gobierno fue la más radical.

«Idealmente, en nuestra opinión, sería deseable impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen el cifrado de extremo a extremo», aseguraron en las páginas 65 y 66 del documento filtrado por Wired.

Los propios responsables aceptan en el texto que «esto es muy controvertido, proponiendo como solución que el cifrado con descifrado automático se realice en algún servidor intermedio de la comunicación».

La respuesta vas más allá cuando exigen que «es imperativo que tengamos acceso a los datos, por lo que deben conservarse, y es igualmente imperativo que tengamos la capacidad de analizarlos, sin importar cuán grande sea el volumen».

Cifrado

Ylva Johansson, la comisionada de la UE sobre asuntos internos, ha puesto en alerta a muchos países y ha abierto el debate sobre la capacidad que debe tener Europa de debilitar los cifrados de extremo a extremo para buscar pruebas de delitos.

Otros estados como Alemania, Finlandia o Estonia van más allá y aseguran que este asunto necesita una reflexión más profunda porque «la regulación no solo afectará a las investigaciones penales por un conjunto específico de delitos; afecta la seguridad de los datos de los gobiernos, la seguridad nacional y los derechos de privacidad y protección de datos de sus ciudadanos, así como la innovación y el desarrollo económico».

El Gobierno de España ha quedado en evidencia tras la consulta de Bruselas y ha insistido en una postura casi prospectiva que permita analizar informaciones entre particulares que violan el derecho a la privacidad.