El vuelco electoral podría dejar sin efecto la ley de vivienda en 13 de 17 comunidades

Los resultados de este domingo en las elecciones autonómicas y municipales han provocado un terremoto político que traerá importantes consecuencias. Especialmente para aquellas leyes estatales que requerían la connivencia de las autonomías para su aplicación. Es el caso de la ley de vivienda, que apenas llevaba tres días en vigor y su validez podría verse limitada a apenas cuatro comunidades.

En el texto, el Gobierno reconocía que la competencia de vivienda está limitada a las comunidades, por lo que los puntos más conflictivos –tope del alquiler y declaración de zona tensionada– debían contar con el visto bueno de los gobiernos regionales. Sin embargo, los últimos comicios han cambiado el mapa político y, por tanto, la aplicación de esta ley, que desde el comienzo cuenta con el rechazo del Partido Popular.

En Galicia, Castilla y León y Andalucía no se han celebrado autonómicas y los gobiernos del PP ya han advertido que no aplicarán la ley de vivienda. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha barrido con 71 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta, mientras que en Murcia todo parece indicar que López Miras seguirá gobernando. A estas regiones se une La Rioja, donde el PP ha obtenido mayoría absoluta.

Apoyo de Vox

En Aragón, el Partido Popular se ha quedado a seis escaños de la mayoría absoluta, pero seguramente podría contar con el apoyo de Vox, que tiene siete y le daría el gobierno aragonés. Misma situación ocurre en la Comunidad Valenciana, donde Carlos Mazón ha multiplicado sus escaños hasta los 40, mientras que Vox queda con 13.

Marga Prohens, en Baleares, también necesitará el apoyo de la formación presidida por Santiago Abascal si quiere gobernar, pero es previsible que la ley de vivienda tampoco se aplique en todos sus términos en las islas.

En el caso de Canarias, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada pero pierde tres diputados y sus socios de Podemos desaparecen de la Cámara, por lo que no podrán reeditar el ‘pacto de las flores’ que les llevó al poder en 2019. Coalición Canaria, con 17 diputados, y Partido Popular, con 13, no verían con malos ojos un posible acuerdo para gobernar en el archipiélago.

Ni uno ni otro partido tienen interés en la ley de vivienda. La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, ya votó en contra del texto, que calificó de «disparate». Para la chicharrera, la norma «no resolverá el grave problema de acceso a la vivienda que tienen hoy miles de ciudadanos en Canarias y España».

En Cantabria, el PP obtiene 15 escaños y gobernará previsiblemente con el apoyo de Vox, que tiene 4. Revilla y el PSOE, se quedan con 8 cada uno, insuficiente para formar gobierno. No obstante, el todavía presidente cántabro ya advirtió que no aplicarían la ley en los términos en la que está escrita. Extremadura, feudo histórico del PSOE, podría cambiar de manos si PP y Vox son capaces de llegar a un acuerdo.

Dónde sí se aplicará

Navarra ya es otro cantar. Es prácticamente imposible que Unión del Pueblo Navarro pueda gobernar con sus escasos 15 diputados. Lo mismo que en Asturias, donde Partido Popular y Vox solo sumarían 21 diputados, dos menos de los requeridos para la mayoría absoluta.

En Cataluña tampoco se celebraron elecciones autonómicas y la Generalitat anunció que cumplirían con la ley de vivienda. Paradójicamente, la única comunidad en la que el PSOE ha obtenido mayoría absoluta ha sido Castilla-La Mancha, donde García-Page se ha mostrado muy crítico con la norma.

Finalmente queda el País Vasco, donde es una incógnita lo que decida el PNV que inicialmente se mostró contrario al texto al entender que vulneraba competencias, dejó en el aire su decisión hasta la celebración de elecciones.

«España de dos velocidades»

El desarrollo de la ley, incluida la declaración de zona tensionada, no tendrá efecto real en la mayoría de las comunidades y, en aquellas donde sí se pueda aplicar, «producirá un desplazamiento de la inversión de promotores hacia aquellas comunidades que no impongan límites a la inversión en alquiler, creando una España de dos velocidades», señala José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

«La limitación de precios es ya casi papel mojado. De los dos índices a crear –el que tiene que limitar las rentas en zonas tensionadas y el que limite la actualización anual de las rentas– quedan ahora en entredicho. Primero por el resultado electoral y su aplicación real a nivel territorial, y luego por la previsión electoral a nivel nacional, que apunta en la misma dirección», concluye.