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José Manuel Cansino

Convergencia económica con Europa: de mantra a la cancelación

En las últimas décadas la economía española se ha mostrado incapaz de alcanzar el nivel de renta per cápita de la zona euro

Hasta poco antes de la pandemia era difícil asistir a algún acto público de contenido económico con representantes sindicales, empresariales o de la administración pública en el que no se repitiese la necesidad de converger con Europa. Era otro de los mantras o letanías que se habían colado en los discursos convencionales plagados de lugares comunes y ayunos de propuestas concretas para lograr tan compartido objetivo. ¿Por qué se ha casi cancelado esta reivindicación?

La clave la podemos encontrar –entre otros documentos– en el informe económico del Banco de España sobre el comportamiento de la economía española en 2022.

En las últimas décadas la economía española se ha mostrado incapaz de alcanzar el nivel de renta per cápita de la zona euro (UEM) que es tanto como alcanzar la ansiada convergencia. Lo más cerca que llegamos a estar fue en 2005. Para ese año la brecha negativa entre el nivel del PIB per cápita español y el de la UEM alcanzó su mínimo histórico reciente –8,8 %–. Desde entonces, expone literalmente el informe, el proceso de convergencia de la economía española con la UEM se ha detenido e incluso revertido. Justo antes del estallido de la pandemia de la COVID-19, en 2019, el diferencial negativo de nuestro país con el área del euro en términos del PIB per cápita era de un 13 %, y desde entonces no ha hecho más que agrandarse alcanzando un 17 % en 2022. Si aceptamos que el PIB per cápita es un indicador aunque muy imperfecto del bienestar social, el español se sigue alejando del bienestar promedio de los países con los que compartimos moneda. Es una realidad muy incómoda de la que parece que nadie quiere hablar a excepción de los perfiles más técnicos.

Para explicar esta mala evolución, los técnicos del Banco de España subrayan dos factores y ninguno de ellos tiene ni fácil ni inmediata solución; tenemos una productividad y una tasa de empleo en España que son persistentemente menores que las de otros países de nuestro entorno.

La productividad es un término de medición más compleja de lo que parece. Además es un indicador sensible que estuvo detrás del último relevo al frente del Instituto Nacional de Estadística. Gobierno y su anterior responsable parecían mantener opiniones dispares sobre la manera de medir la productividad en España.

La productividad, confirma el Banco de España, se asocia con la cantidad de capital tangible que hay por trabajador y con el resto de los factores que incrementan la producción por trabajador. Estos otros factores son de definición difusa y de medición compleja. Los economistas le llaman «productividad total de los factores» (PTF) y en los modelos matemáticos frecuentemente se mide a partir del valor de un residuo, esto es, se le atribuye lo que no se puede atribuir al resto de las variables. La productividad, medida a través de la PTF contribuye de manera negativa al valor añadido que la economía española genera desde el año 1995 mientras que lo hace positivamente en otros socios. Para el periodo 1995 a 2019 su contribución en Alemania (0,71 %) o Francia (0,52 %) fueron inequívocamente positivas.

¿Por qué es tan baja la productividad en España? El informe espiga dos explicaciones. La primera, escasa inversión en I+D+i. España se encuentra, dentro de la Unión Europea (UE), entre el grupo de innovadores moderados, lejos de los líderes en innovación –Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica– y del grupo de innovadores fuertes –Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Austria, Francia y Chipre–. En el primer trimestre de 2023 sólo 9.328 sociedades mercantiles ampliaron su capital y el valor promedio de la ampliación de 737.512 euros.

La segunda es la débil formación. En España, en 2022 el 35,2 % de los autónomos, el 32,9 % de los empleadores y el 28,5 % de los trabajadores por cuenta ajena tenían un nivel de estudios por debajo de nuestros socios más aventajados; 20,7 %, 18,9 % y 18,2 %, respectivamente.

Pero junto con la limitada productividad de la economía española, la otra causa explicativa de nuestro alejamiento en términos de bienestar es la baja tasa de empleo.

La tasa de empleo es la ratio entre las personas que están empleadas y la población en edad de trabajar. Habitualmente su nivel y evolución pueden descomponerse en dos elementos; la tasa de actividad, que mide qué porcentaje de la población en edad de trabajar realmente está dispuesta a participar en el mercado laboral y la tasa de paro. Esta última mide qué proporción de las personas que quieren trabajar no pueden hacerlo. La práctica totalidad de la brecha en la tasa de empleo entre España y la UEM se debe a la mayor tasa de paro de nuestro país (13 % en España frente al 7 % en la UEM).

Esto último casa mal con el reciente dato del número de vacantes no cubiertas en España. Según el INE hay unos 140.000 puestos de trabajo no cubiertos en una economía como la española con 2,9 millones de parados. La explicación de esta paradoja es aún más difícil que la medida de la PFT pero en la mente de casi todos está el efecto desincentivo del sistema de subsidios a parte de la población considerada como vulnerable. Este es un tema tan sensible como importante y hay que huir tanto de su tratamiento epidérmico como de evitarlo sistemáticamente. Junto al posible efecto de algunos subsidios estamos en pleno fenómeno de la «gran renuncia».

No incorporar en el debate público nuestro alejamiento en términos de bienestar respecto a nuestros socios de referencia es el peor mapa para encontrar el camino que permita cambiar la tendencia y cerrar la brecha. Además de la productividad y la tasa de paro, hay que afrontar otras trabas como la sobreproducción normativa (sólo en 2022, el Estado y las comunidades autónomas aprobaron 10.873 normas nuevas) y el escaso tamaño de las empresas españolas. Un 79 % de las empresas tienen entre uno y cuatro empleados, el mayor porcentaje en la UE y notablemente diferente del registrado en Alemania –62 %–, Francia –70 %– e Italia –74 %–. En definitiva muchas tareas que resolver y que, pese a los esfuerzos que se despliegan, ni se resuelven ni siquiera se atenúan.

  • José Manuel Cansino es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino