Exportaciones millonarias y 160.000 empleos: lo que pone en juego el ataque del Gobierno a la fresa de Huelva

Apenas unos días después del batacazo electoral de la izquierda en las elecciones autonómicas y municipales, un grupo de activistas ambientales contrarios al TTIP –Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones– conocido como Campact, iniciaba una campaña para exigir a las cadenas de supermercados del país que no vendan fresas de España para no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana. Lo sorprendente es que Pedro Sánchez y Teresa Ribera han aprovechado el llamamiento al boicot a un sector que supone millones de euros a la región para embarullar por la ley de ordenación de regadíos de la Junta.

En una de sus campañas, que ya ha recibido 160.000 firmas de apoyo, el grupo alemán acusaba a la industria agrícola española de bombear grandes cantidades de agua del Parque Nacional de Doñana para poder cubrir la demanda de otros países. En una cuidadosa elección de palabras, Campact aseguraba que «si el gobierno regional andaluz se sale con la suya, ahora debería usarse todavía más agua para el cultivo de fresa» y llamaba al boicot de este producto «hasta que la Junta de Andalucía garantice un uso sostenible del agua».

Ante este ataque a uno de los pilares de la economía onubense, Pedro Sánchez publicó un tuit en el que incluía un artículo de elDiario.es bajo la afirmación que «el negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales». Teresa Ribera, por su parte, escribía en la misma red social que «es imprescindible despejar YA cualquier duda: Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza Doñana».

Los socialistas se habían caracterizado esta legislatura por calmar los ánimos, a través de Luis Planas principalmente, a los agricultores y ganaderos de los ataques de los socios de Podemos. Incluso el propio Sánchez despejó con un lacónico «chuletón el punto» la polémica iniciada por Garzón sobre la reducción del consumo de carne.

Sorprende que ahora el presidente, acorralado tras unos resultados electorales decepcionantes, se suba al carro del sector más extremista de su Ejecutivo para atacar a uno de los sectores clave de la región. Y es que el cultivo de fresa y frutos rojos representa el 11,35 % del PIB de la provincia de Huelva y genera entre 80 y 100.000 empleos directos dependiendo de la campaña y 160.000 si se cuentan los empleos indirectos, según datos de Interfresa, la primera interprofesional agroalimentaria de Andalucía.

De hecho, el Observatorio de Precios de Andalucía cifró en 349.232 las toneladas de fresa producidas en Hueva en la campaña 20/21, de los cuales se exportaron 242.308 toneladas por un valor de 535 millones de euros. En el caso de las frambuesas y arándanos, las exportaciones ascendieron a 370 y 374 millones respectivamente. Los principales destinos fueron Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.

Alemania, precisamente, es el principal importador de fresa de Huelva ya que acumula el 30 % del total de las exportaciones, más de 150 millones de euros, seguido de Reino Unido y Francia, ambas con un 15 %. Con tanto dinero en juego, no es de extrañar el enfado de la Junta que, a través de su portavoz, ha acusado al Gobierno central de demostrar «una actitud irresponsable» por apoyar a los que «atacan Huelva».