La vivienda, uno de los grandes fracasos de Ada Colau

Ada Colau hizo bandera de las políticas de vivienda cuando llegó a la alcaldía de Barcelona. De hecho, prometió en 2015 crear «8.000 nuevos pisos de alquiler social». Pero ocho años después, el panorama es muy diferente en todos los sentidos. Para empezar, y según datos del propio Ayuntamiento, el parque municipal ha ganado la mitad de esos pisos prometidos. El pacto de gobierno con el PSC en 2019 contemplaba la construcción de 1.500 pisos al año. Tampoco se ha cumplido.

Para intentar mejorar esta situación, el consistorio ha llevado a cabo políticas que a menudo han estado en el ojo del huracán, como obligar a los promotores a reservar vivienda de protección pública o comprar pisos al sector privado. Eso, más la inseguridad jurídica que ha generado por su apoyo al movimiento okupa o su política en cuanto a las licencias de pisos turísticos y su apuesta por limitar los precios de alquiler, ha provocado el efecto inverso en la capital catalana: hay menos viviendas de alquiler disponibles, los alquileres son también más caros y bajan los visados de obra nueva.

Reserva para vivienda pública

Una de las medidas más polémicas de Colau es la obligación de reservar un 30% % de las nuevas promociones a vivienda de protección pública. También están afectadas las fincas que lleven a cabo una reforma integral. En 2018, el Consistorio calculaba que así conseguiría unas 330 viviendas sociales cada año. Pero el resultado no ha sido el esperado, y a finales del año pasado sólo se habían conseguido por esta vía, ocho. Pero el problema es que tampoco se construyen. Los promotores no lo ven claro y optan por no impulsar proyectos en Barcelona. El resultado es que ha reducido en casi un 40% el número de visados de obra nueva concedidos en la capital.

El Ayuntamiento también ha optado por otras soluciones rápidas para incrementar el número de viviendas sociales, sobre todo destinadas a los alojamientos provisionales. Se han utilizado contenedores o madera para construir edificios en diferentes puntos de la ciudad. O directamente se han comprado pisos al sector privado para aumentar el parque público. Pero estas operaciones no le han resultado ni mucho menos baratas. Es más, en algunas ocasiones ha pagado por encima del mercado, según algunos agentes de la propiedad inmobiliaria que han puesto como ejemplo varias fincas compradas en la calle Lancaster de Barcelona, por los que pagó más de 5,5 millones de euros. A eso hay que añadir una inversión importante para rehabilitar estos edificios.

En total, el ayuntamiento se ha gastado unos 150 millones de euros en adquirir este tipo de viviendas, llegando a pagar, en algunos casos, hasta 450 mil euros por piso. De hecho, desde el sector han advertido que el consistorio ha pagado cantidades a veces exageradas por este tipo de operaciones, incluyendo obra nueva u obras de calidad superior a la media, cuando por ese dinero se podrían haber adquirido muchos más pisos en otros puntos de la ciudad. Pero desde el consistorio alegan que lo que se pretende es ofrecer vivienda social en todos los barrios, incluidos los más céntricos.

El alquiler medio, en 1.077 euros

La alcaldesa de Barcelona también insiste, de hecho, es uno de las grandes defensoras de que se apliquen medidas para que se limite el precio del alquiler, a pesar de que esta estrategia no ha funcionado en Cataluña. Se ha conseguido el efecto contrario, precisamente. Según datos del portal inmobiliario Idealista, el alquiler se disparó en la capital catalana más de un 25 % el año pasado y se redujo la oferta. Y según otro estudio de ESADE, la limitación de precios sólo benefició a las viviendas más caras (que bajaron un 5 %), mientras que subieron las más baratas. ¿Por qué? Las viviendas con precios bajos y en zonas en las que se estableció la limitación tendieron a acercarse al límite máximo que se fijó, por lo que se consiguió un efecto inverso al que se buscaba.

Según datos de la Generalitat, el precio del alquiler medio en Barcelona se situó a finales del año pasado en los 1.077 euros, rozando prácticamente el salario mínimo. Esta cifra es casi un 5% más que en el mismo período de 2021. Y en seis de los diez distritos de la ciudad el alquiler medio supera los mil euros, como, por ejemplo, Eixample, Sarrià – Sant Gervasi o Les Corts. En Sarria, por concretar, el alquiler ha subido hasta los 1.500 euros.

Y no sólo es caro alquilar un piso. También lo es compartir la vivienda. Aquí Barcelona també lidera el ranquin. En concreto, y según un estudio de Fotocasa, se pagan en la capital catalana, de media, 575 euros mensuales (a finales de 2022) por una habitación, mientras que en Madrid se sitúa en los 527 euros. Eso supone un incremento del 25% en sólo un año.

Apoyo al movimiento okupa

Y a todo esto hay que añadir otro dato para completar esta 'tormenta perfecta': en los últimos cuatro años se ha reducido a la mitad el número de pisos que se pueden alquilar en Barcelona. Y las leyes aprobadas en materia de vivienda, tanto en Cataluña, como en España, no incentivan precisamente el mercado. Y en el caso de la capital catalana, tampoco ha ayudado el hecho de que la ahora alcaldesa en funciones haya tomado partido claramente por la okupación.

Por poner sólo un ejemplo, hay que recordar que Colau declaró el pasado marzo en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona por el caso Bloc Llavors, en el que está imputada por dos presuntos delitos; uno de prevaricación y otro de coacciones. La regidora negó en sede judicial cualquier tipo de participación y relató que no tenía competencias en el área que se investiga judicialmente. El fondo inmobiliario Vauras, propietario del inmueble, presentó una querella asegurando que la alcaldesa amenazó a la empresa con no conceder la licencia de obras de rehabilitación del bloque si no ofrecían a las familias okupas un alquiler social. De acuerdo con la compañía, se opusieron a aceptar las presiones, y la empresa acabó siendo multada seis veces «como medida de coacción» por un total de 417.000 euros. Y también la alcaldesa se ha posicionado con los okupas de varios pisos en un edificio del Eixample, la Casa Orsola. En este caso ya se han celebrado varios juicios para proceder el desahucio. Los inquilinos no son familias vulnerables.

Pisos turísticos

Y otro problema añadido desde el punto de vista inmobiliario. Un juez ha ordenado al Ayuntamiento de Barcelona a admitir 120 licencias de pisos turísticos en un mismo bloque pese a la prohibición municipal de conceder este tipo de licencias. Desde el consistorio han explicado que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló en 2019 el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que regula las habitaciones turísticas, el propietario «aprovechó el momento» para solicitar las licencias.

«En aquel momento la sentencia no era firme porque se había recurrido, pero el juez que ha valorado esta admisión o no admisión ha considerado que en ese momento el Peuat no tenía eficacia y, por lo tanto, teníamos que admitir estas licencias», detallaba la concejal de Urbanismo, Janet Sanz. También lamentaba que el juez no hubiera dado al Ayuntamiento «capacidad ni de recurso, interpretando, forzando» a que tenía que admitir estas licencias, que no comparte y que considera que no se ha hecho de manera correcta porque el Peuat todavía tenía eficacia.

Desde el sector han advertido que Barcelona también ha dejado de ser la locomotora en este ámbito, en el inmobiliario, debido a la política «hostil» del ayuntamiento liderado por Ada Colau, por sus políticas en materia de vivienda y por la inseguridad jurídica que ha provocado muchas de sus decisiones.