Las universidades piden un año de moratoria para dar de alta a los estudiantes en prácticas
Los responsables universitarios reclaman el desarrollo de una plataforma informática para poder llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización
Las 76 universidades públicas españolas han reclamado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, una moratoria de un año en la entrada en vigor de la obligatoria cotización a la Seguridad Social de los estudiantes que hagan prácticas externas a partir del próximo 1 de octubre.
En la carta enviada al Ministro, a la que ha tenido acceso EFE este jueves, se refieren a la disposición quincuagésima segunda del Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, referida a la «Inclusión en el sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación».
Los responsables de las universidades critican que pese a que el real decreto establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, los centros se ven abocados a asumir el alta de estas prácticas «no remuneradas», para garantizar que puedan graduarse.
Una tarea que, según Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo en la Universidad de Zaragoza, les tienen «inmersos en una sistema de gestión» que les ahoga, al tiempo que critica que los centros no están dotados de fondos para desempeñarla ni han recibido instrucciones para hacerlo.
«En Zaragoza tenemos más de 9.000 prácticas», ha revelado Alcalá, mientras explicaba que las entidades públicas, donde se realizan el 60 % de ellas", están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente.
Las universidades temen que las empresas privadas se sumen a esta solicitud, ya que colaboran con los centros al brindar oportunidades de prácticas a los estudiantes, pero no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada.
Ante esta situación, los responsables universitarios reclaman el desarrollo de una plataforma informática para poder llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización de forma masiva y que permita limitar la carga burocrática.
También reclaman una metodología de altas y bajas simplificada, que se dote a los centros de los recursos humanos necesarios para gestionar las altas, bajas y control de días de prácticas, y que se les asigne presupuesto económico para los próximos cursos académicos, que no están disponibles en 2023.