Tensión entre Montero y Yolanda Díaz por los inspectores de trabajo

Los inspectores de trabajo paralizaron hace unos días la actividad supervisora de varias campañas activadas en esta legislatura: el control del tiempo de trabajo, de registro de jornada, de condiciones salariales y de igualdad entre hombres y mujeres, entre otras.

La situación ha ido a más, hasta el punto de que las organizaciones sindicales iniciaron ayer la primera huelga indefinida en la historia de este organismo.

Los sindicatos se quejan de que no se han cumplido los acuerdos a los que se habían llegado. «En los últimos tres años ha habido inversión fuerte en personal y en medios técnicos: un 47 % más, pero en los acuerdos estaba contemplado que no solo había que reforzar los recursos humanos; también había que dotar al cuerpo de una nueva estructura para que pudiera funcionar mejor a nivel territorial y en otros terrenos: modernizarla, adaptarla a las nuevas modalidades de trabajo ya existentes…», apuntan desde uno de los sindicatos.

Desde Trabajo se culpa a Hacienda de los problemas que están surgiendo y de la huelga indefinida. En el Ministerio de María Jesús Montero se defienden diciendo que «la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la Inspección es una decisión del Gobierno, y se acuerda con los ministerios. Los ministerios no son mediadores con las organizaciones sindicales para abordar un expediente de RPT».

En medio de este lío, las inspecciones se paralizan, aunque las empresas tampoco deben confiarse: «Los servicios mínimos están garantizados», aseguran desde un sindicato.

Inspección había pactado una nueva Relación de Puestos de Trabajo con el Ministerio de Yolanda Díaz, que es de quien depende, antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Al tratarse de funcionarios, la nueva propuesta, aunque haya sido estudiada por los inspectores, ha de ser validada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero.

De momento en Trabajo consideran insuficiente la propuesta de Función Pública, y por eso han ido a la huelga. Piden que hagan una nueva propuesta que incorpore a los subinspectores, al personal administrativo, y que se cumpla el plan estratégico que se ha publicado en el BOE.

Función Pública considera suficiente su oferta. Recuerda que en mayo de este año se autorizó la inclusión de 781 nuevos puestos de trabajo en las ofertas de empleo público de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, además de un nuevo crédito de 6.150.000 de euros de productividad extraordinaria para toda la plantilla.

A esto se suma que todo el personal de la Inspección de Trabajo se beneficia de las subidas salariales contenidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado con CCOO y UGT en octubre de 2022. El alza salarial contempla una subida del 3,5 % en 2022, del 2,5 % en 2023 y del 2 % en 2024, junto a un 1,5 % adicional variable. Estas subidas, acumuladas, pueden alcanzar el 9,8 %.

La huelga, de todos modos, podría acabar mañana miércoles. Es el día en el que se reúne la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interterritorial de Retribuciones (CECIR) que debe aprobar las mejoras que reclama la Inspección. Esta reunión será la última antes de las elecciones del 23 de julio. Si no les hacen caso, no tendría sentido seguir con una pérdida de salarios que no serviría de nada a los trabajadores.