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El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, en la presentación del programa electoral.EFE/ Javier Lizon

Feijóo confirma en su programa que derogará la Ley de Vivienda y el impuesto a las grandes fortunas

Destaca medidas de alivio fiscal a las familias y de mejora en los procesos relacionados con empresas, entre otras

El Partido Popular confirma en su programa de cara a las próximas elecciones generales que derogaría la actual Ley de Vivienda y el impuesto a las grandes fortunas en caso de llegar al Gobierno.

Sobre la Ley de Vivienda, el partido explica que la derogaría porque «ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda». A cambio señala que impulsaría algunas medidas como un programa de avales destinado a jóvenes de hasta 35 años con el fin de garantizar la concesión de créditos hipotecarios por valor de hasta un 95 % del precio total de la vivienda; movilizarían el suelo de titularidad pública destinado a redes públicas de vivienda para destinarlo a fórmulas de promoción de vivienda asequible y promoverían la vivienda social «con objetivos coherentes y realistas».

En cuanto a los impuestos, indican que realizarán una reforma integral del sistema fiscal. Incluirá eliminar el impuesto a las grandes fortunas, simplificar el IRPF y el Impuesto de Sociedades para las pymes, «con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos». También indican que aprobarán un «alivio fiscal inmediato a las familias»: «Corregiremos los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos sobre la clase media. Reduciremos el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal». Reducirían la tarifa del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros.

Sobre fondos europeos, afirman que crearán «un órgano asesor para la mejor orientación de los fondos europeos con la participación del sector privado». Prometen solucionar todos los problemas que hay en la actualidad en este terreno. Señalan que publicarán datos de ejecución final, harán que la plataforma digital sea interoperable y accesible, agilizarán la publicación de convocatorias de PERTE, etc.

En las cincuenta principales medidas contenidas en el programa destacan otras de tipo económico, entre las que se incluyen las siguientes:

- Ampliar el silencio positivo como regla por defecto en la relación con la Administración.

- Facilitar la financiación de pymes permitiendo el acceso de fuentes de financiación alternativas a la bancaria.

- Aprobar una reforma integral de las políticas activas de empleo basada en la ampliación y mejora de la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado.

- Dotar de nuevas herramientas de flexibilidad a los trabajadores introduciendo cuentas individuales, portables, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral.

- Un plan contra el desempleo femenino que reduzca a la mitad de la legislatura la brecha de participación en el mercado laboral.

- Ley de desarrollo rural para todo el territorio nacional a través de un gran acuerdo en el que participen todos los actores afectados.

- PERTE para el sector turístico y nueva ley turística.

- Pacto Nacional del Agua y plan de modernización de presas y canales para adaptarlas a las necesidades del siglo XXI.

- Desbloqueo del proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de renovables.

- Evitar las medidas excepcionales y eliminar las existentes de intervención del mercado mayorista eléctrico.

- Paquete de medidas antiokupación para permitir desalojos en un plazo máximo de 24 horas y aumentando las penas por delitos de usurpación.

- Generalizarán el sistema de ventanilla única.

- Plan Estratégico de Correos con el fin de recobrar la posición competitiva de la compañía en el mercado.

- Plan de Robotización de la Administración y reforzamiento de los recursos de ciberseguridad.

- Programa plurianual de talento público.

- Nuevos procedimientos de nombramiento de directivos públicos.