La inversión extranjera se desmorona con Sánchez

El Gobierno de Sánchez, envuelto definitivamente en el populismo, ha sido responsable de crear incertidumbre e inseguridad jurídica en la economía española con sus actuaciones populistas, caprichosas y demagogas, amén de electoralistas.

Eso sucedió, por ejemplo, cuando decidió imponer un impuesto a las llamadas grandes fortunas para tratar de vender a los ciudadanos que él vela por los desfavorecidos, con su mantra de que se siente atacado por lo que él llama «poderosos» al tratar de proteger a lo que define como «la clase media y trabajadora». Muchas rentas altas, que son las que pueden invertir, que son las que tributan a tipos más elevados en el IRPF y que son las que tienen una mayor capacidad de compra y adquieren productos de mayor valor y, con ello, el impuesto directo que pagan es superior, al ser la base del producto más elevada, han empezado a estudiar, tras el anuncio, irse a otros lugares. Con ello, si se produjese esa huida, habría menos ahorro para cubrir la inversión; al haber menos inversión, habría menos actividad económica; y al haber menos actividad económica, se generarían menos puestos de trabajo. Es decir, los trabajadores serían los que más perderían, especialmente los de menos cualificación.

Con esos impuestos creados expulsa a la inversión. Sánchez quiso castigar a las regiones del PP que mantienen la exención en el Impuesto de Patrimonio, pero lo que va a hacer es empobrecer a España, pues también provocará una fuga de contribuyentes, por ejemplo, hacia Portugal, que ofrece unas condiciones más benignas en el tratamiento fiscal. Si ya muchos profesionales muy cualificados, de carreras exitosas, se han mudado a Portugal cuando se han prejubilado o como profesionales autónomos si su trabajo lo pueden realizar a distancia, ahora lo harán más, de prosperar este impuesto demagógico.

Es probable que el recorrido de este nuevo impuesto sea corto y que, al igual que puede pasar con los impuestos a la banca y a las compañías energéticas, sea anulado por la justicia en un futuro. De suceder así, el Gobierno tendría que devolver lo recaudado pero, para entonces, lo más probable es que Sánchez no sea ya presidente del Gobierno y que este problema incremente la mala herencia económica que dejará a su sucesor en la presidencia del Ejecutivo. Para entonces, además, Sánchez habrá expulsado a los inversores y ahorradores, de manera que la riqueza que generan se producirá ya en otro país, en lo que supondrá el empobrecimiento de la economía española, donde menos ahorro e inversión se traducirá en menos actividad, menos empleo y menos recaudación.

Ese ejemplo de expulsión de inversores y freno a la inversión extranjera nueva lo vemos en los últimos datos de inversión extranjera: cae un 6 % intertrimestral en el ITR-2023, equivalente a 630,85 millones de euros menos, y se reciben 10.171,05 millones menos respecto a cuando Sánchez llegó al Gobierno, es decir, un 50,6% menos.

Así, Sánchez va a dejar una economía muy débil, que sólo se ha mantenido en pie gracias al gasto público desplegado, pero que ha anestesiado a la economía. Su impronta económica será, sin duda, recordada, pero como el actor económico que restó posibilidades al crecimiento sostenible de la economía española, que ahuyentó inversiones y que trató de interferir en las decisiones empresariales.