Líneas económicas generales para el próximo gobierno (I)

Como bien señalara Alfonso Ussía tiempo atrás, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez no fue «socialcomunista». Simplemente, fue comunista. Si se revisa el programa económico de Podemos, pueden encontrarse al menos 15 propuestas que el sanchismo-leninismo convirtió en norma. Si se prefiere un marco más general, basta leer el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, para descubrir de dónde surge la idea de «fuertes impuestos progresivos». Con todo, creo que la mejor síntesis del enfoque liberticida del gobierno saliente es la frase «los hijos no pertenecen a los padres» de la ministra Isabel Celaá, propia de los totalitarismos más feroces.

Por lo tanto, ya no se trata, como en 2011, apenas de corregir la tributación, de mejorar la ley laboral o de hacer un plan de reducción del déficit fiscal. La cuestión fundamental es que, tras las elecciones, el nuevo gobierno promueva un cambio cultural, que aleje a España del estatismo liberticida, y haga transitar la nación por una senda de libertad, que irremediablemente conduce a la prosperidad general.

Ministros del gobierno de Sánchez insultaron y señalaron a empresarios, con nombre y apellido. Para liderar el «cambio cultural», el nuevo gobierno debería comenzar por valorar la figura esencial del empresario. Y continuar reafirmando «la libertad empresarial, en el marco de la economía de mercado», que recoge la Constitución Nacional.

Cerca del 85% de los ocupados trabaja en el sector privado. Unos como autónomos y, el resto, en empresas de todos los tamaños. Este dato obvio, pero muchas veces olvidado, basta para comprender que sin empresarios no hay empleos, ni salarios, ni recaudación de IRPF, IVA y cotizaciones sociales, ni, por lo tanto, posibilidad alguna de financiar las pensiones ni los servicios públicos esenciales.

Un edificio sólido necesita de buenos cimientos. Lo mismo pasa con la economía: requiere una base sólida sobre la cual construirse. Esa base sólida es la defensa continua del derecho de propiedad. En lugar de ocultarlo (como es habitual) o de atacarlo (como en el caso del gobierno sanchista), el derecho de propiedad debe pasar a ser defendido desde las máximas instancias oficiales como un derecho humano fundamental. Para resguardar los salarios, las pensiones y los ahorros de la gente contra la voracidad estatal. Un derecho fundamental que debe garantizarse a través de una seguridad jurídica incuestionable (por ejemplo, prohibiendo la posibilidad de que jueces puedan ser ministros y luego regresar a la judicatura), con normas estables y de calidad creciente, que tengan en cuenta las mejores prácticas internacionales en cada materia (muchas veces bastaría copiar las normas de otros países avanzados).

La estabilidad económica también es un derecho humano fundamental, que en general no es reconocido como tal. Los déficits fiscales excesivos, el endeudamiento exagerado, un sistema tributario complicado y una elevada tasa de paro, entre otros desequilibrios, son problemas económicos de primera magnitud; pero, en especial, son amenazas a la estabilidad económica y al derecho de llevar una vida en un entorno próspero.

Esto debe entenderse como una breve introducción conceptual a la que seguirán un puñado de artículos con las líneas generales sobre las que se debería apoyar una futura acción de gobierno en materia económica. Para crear un entorno más amigable para la inversión a largo plazo; para que España deje de ser el país con mayor tasa de paro de Europa; para contribuir a que los jóvenes encuentren sus oportunidades en nuestro país; para que formar una familia o independizarse no sean quimeras. Para que todos, en suma, puedan desarrollar su proyecto de vida con la convicción de que el gobierno no será, como ahora, una amenaza.

• Diego Barceló Larrán es director de Barceló & asociados, @diebarcelo