Crecimiento empresarial: una cuestión social

En España hay 3,35 millones de empresas. De ellas, poco más de 2 millones (60 % del total) son autónomos sin empleados. Además, hay 1,12 millones de microempresas con empleados (un tercio del total). Esos 3,12 millones de microempresas son el 94 % de todo el parque empresarial. Las grandes compañías (aquellas con más de 250 asalariados) suman 5.320, apenas el 0,16 %. Es importante recordar estos datos porque el discurso político y muchas propuestas se hacen como si ese 0,16 % fuera toda la realidad empresarial.

El tamaño medio de la empresa española es de los más pequeños de Europa. La microempresa media tiene menos de 2 ocupados. Si añadimos las empresas pequeñas y medianas (son las que tienen, respectivamente, entre 10 y 49, y entre 50 y 249 asalariados), llegamos a que las pymes tienen una media de poco más de 3 ocupados.

Eso supone una serie de consecuencias negativas, que perjudican a las mismas empresas, pero también a sus trabajadores, clientes, proveedores y al conjunto de la sociedad. Las empresas más pequeñas son menos productivas y, por lo tanto, pagan salarios más bajos. Para sus empleados, el tamaño reducido de la firma conlleva una mayor inestabilidad en el empleo y menores posibilidades de conciliación, de carrera profesional y de formación. Para la economía, tener empresas más pequeñas implica una mayor vulnerabilidad en las crisis económicas y menor capacidad exportadora y de innovación, entre otras cosas.

CEPYME calculó que elevar el tamaño medio de la empresa española hasta igualarlo con el promedio europeo permitiría, entre otros beneficios, aumentar el PIB un 5,5%, crear más de 1,3 millones de empleos y generar recursos tributarios para reducir el déficit fiscal sin aumentar la presión tributaria.

No falta vocación por crecer: la empresa española es más pequeña por culpa de un amplio conjunto de normas que desalientan su crecimiento. El nuevo gobierno debería tener como una de las prioridades de su política económica favorecer el crecimiento empresarial.

Un primer paso sería aplicar el principio «think small first» («primero pensar en pequeño»): legislar teniendo en cuenta los datos con los que empecé. Hoy las pymes están desbordadas de exigencias burocráticas, que consumen tiempo y recursos que se podrían destinar a crecer.

A partir de ahí, hay múltiples alternativas. Por ejemplo, los escalones regulatorios podrían hacerse efectivos tras cuatro años consecutivos cumpliendo los requisitos (por caso, que el comité de empresa no se constituya inmediatamente después de haber contratado al asalariado número 50, sino tras cuatro años de haber tenido al menos esa cifra de empleados). Eso evitaría que se disparen por un crecimiento circunstancial y daría tiempo a la pyme para seguir creciendo. Así, el umbral regulatorio dejaría de ser un obstáculo.

Se podría crear la figura de la Comunidad de Bienes de Responsabilidad Limitada, como existe en EE.UU., para empresas de reducida dimensión, facilitando el tránsito desde la condición de autónomo a la de empresario. Para favorecer la capitalización de las pymes y la financiación genuina de su crecimiento, cabría reformar el Impuesto de Sociedades, ampliando las posibilidades de reducción de la base imponible mediante la reserva de capitalización.

Se podría facilitar la consolidación de nuevas empresas de varias formas:

• extendiendo el tipo reducido del Impuesto de Sociedades para entidades de nueva creación;
• difiriendo el pago de parte de las cotizaciones sociales a cargo del empleador, para al menos un número determinado de primeras contrataciones;
• dar la opción de liquidar el IVA semestralmente durante un determinado número de años.

En cuanto a la reducción de la carga burocrática, un buen comienzo sería poner en práctica el principio «una más, (al menos) una menos»: derogar una o más normas del mismo nivel por cada una nueva. Se deberían actualizar muchos topes nominales (ejemplo: que la condición de gran empresa a efectos tributarios se alcance al superar los € 20 millones de cifra de negocios y no apenas € 6 millones, como es ahora).

Solo prejuicios ideológicos impiden ver que el crecimiento empresarial es una cuestión social de primer orden.

• Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)