Economía  ¿Cómo afectaría en España una retirada de subsidios como la de Meloni en Italia?

La Renta de Ciudadanía es una medida que fue impulsada por el partido populista de izquierdas, Movimiento 5 Estrellas (M5E). Esta ayuda se llevó a cabo durante el Gobierno presidido por Giuseppe Conte en el año 2019 y se tenía como objetivo el apoyo económico a personas y familias con rentas bajas.

La actual primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, prometió eliminar esta ayuda en cuanto llegara al Gobierno y así lo ha hecho. El pasado 26 de julio, el Ejecutivo italiano mandó un SMS a 169.000 familias que percibían esta renta en el que se les informaba que desde septiembre, quedaría suspendida.

La decisión tomada por el partido Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia) ha enfurecido a los sindicatos y a la oposición. «El gobierno ha optado por hacer la guerra a los pobres en lugar de hacer la guerra a la pobreza», criticó la líder de la oposición y del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.

Reparto de las ayudas

Meloni ha explicado que todas aquellas personas que dejen de percibir la renta y estén en condiciones de trabajar podrán acceder a una plataforma en la que se les dará servicios de orientación, ofertas de trabajo y programas de formación que les permitirán entrar en el entorno laboral.

La ayuda ronda los 500 - 600 euros de media por familia y las personas afectadas podrán pedir una prórroga hasta finales de año, momento en el que entrará en vigor un nuevo subsidio para hogares con ingresos inferiores a los 10.000 euros anuales que, como ya ha explicado el Ejecutivo, quedará anulado en el mismo momento en el que un beneficiario reciba una oferta de empleo.

Según los datos aportado por la Seguridad Social italiana, más del 60 % del total de los beneficiarios de la Renta de Ciudadanía habitan en la zona sur de Italia, concretamente en las regiones de Campania, Sicilia, Lacio y Puglia.

Situación en España

En España, el equivalente a la Renta de Ciudadanía italiana es el conocido como Ingreso Mínimo Vital. Se trata de una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Este ingreso se configura como un derecho subjetivo que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. El Ministerio de Seguridad Social afirma que con ello se pretenden mejorar las oportunidades de inclusión social y laboral de las personas que perciben dicha ayuda.

Los beneficiarios de esta ayuda en España son los beneficiarios individuales y los titulares de la unidad de convivencia. Esta unidad está formada por todas las personas que vivan en un mismo domicilio, unidas por vínculo matrimonial, como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Una medida que, de nuevo, ejemplifica a la perfección las promesas sin cumplir del ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde que se pusiera en marcha hace más de tres años, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado a 661.338 hogares, 200.000 menos de los previstos. De hecho, solo algo más del 20 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza es beneficiaria del IMV en nuestro país. Esto se debe, principalmente, a las grandes dificultades que existen a día de hoy para acceder a esta ayuda, ya que sólo una de cada cuatro solicitudes es aprobada. Los escasos datos que maneja el ejecutivo también se deben a que el ministerio de Escrivá dejó sin utilizar nada menos que 453 millones de euros destinados al IMV en 2022, una cantidad que habría servido para sacar de la pobreza a 250.000 personas.

Asimismo, la cobertura del Ingreso Mínimo Vital es realmente desigual en el territorio nacional, con Baleares, Canarias y Cataluña a la cola.

«La renta básica para las personas que no pueden trabajar no se verá afectada. Si, en cambio, una persona puede trabajar y se niega a hacerlo, no puede mantener la renta básica», ha explicado Meloni. En el caso de España, si esta política se aplicase, el gasto se vería reducido y las personas que realmente necesitan estas ayudas se verían beneficiadas y a los que se aprovechan del Ingreso Mínimo Vital, se les acabaría el abuso de la solidaridad pública.