Temor en comunidades del PP ante un posible recorte de Sánchez tras las europeas de 2024

El pasado mes de mayo, Bruselas advertía de que la relajación fiscal se iba a terminar. Tras unos años de concesiones con motivo de la pandemia y la invasión de Ucrania –en los que la Unión Europa hizo la vista gorda con los excesos de los países miembros–, la fiesta comunitaria va a llegar a su fin.

En el caso de España, que pese a acumular récords de recaudación vía impuestos no ha hecho por contener ni la deuda ni el déficit, está bajo la lupa europea. Bruselas cree que nuestro país tiene que empezar a ahorrar y a ajustar su déficit público. En un palabra: austeridad. «Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB, sería adecuada una mejora del déficit estructural de al menos el 0,7 % del PIB para el 2024», señala el Ejecutivo comunitario en sus recomendaciones de política fiscal para nuestro país.

Ante ese escenario, las comunidades autónomas podrían ser las primeras elegidas para ese ajuste. Si Sánchez consigue revalidar mandato (en una investidura que se prevé milimétrica) la opción más probable es que la austeridad comience por aquellos territorios que, tras años de mandato socialista como Aragón, Comunidad Valenciana o Baleares, ahora están en manos del PP y Vox.

Es por esa razón por lo que algunas comunidades del Partido Popular se temen que les exijan ahora la contención que durante años nadie se aplicó. Esa circunstancia, sumada a la herencia recibida tras años de socialismo, tiene atentos a los gobiernos autonómicos. Y a nadie se le escapa tampoco que en 2024 hay elecciones europeas.

La clasificación de las comunidades autónomas con mayor deuda por habitante está liderada por Cataluña. Le siguen la Comunidad Valenciana (en manos del PP tras ocho años de tripartito socialista), Baleares (en un caso similar), Castilla-La Mancha (en manos del PSOE), Murcia (de largo dominio popular) y Aragón (en manos del PP tras ocho años en manos del socialista Javier Lambán).

Si Bruselas cumple con su exigencia, territorios como Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón tendrán que buscar la manera de lidiar tanto con la herencia recibida como con los ajustes fiscales que se prevén.

Una 'quita' de deuda

El caso de la Comunidad Valenciana quizás sea el más paradigmático. Tras ocho años de tripartito conformado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, Ximo Puig ha dejado en herencia al popular Carlos Mazón unos niveles de deuda pública nunca vistos hasta la fecha. En concreto, la cifra asciende hasta los 55.439 millones de euros, con lo que es la segunda región con más pasivo de España, tan solo superada por Cataluña.

Tan alarmante es la situación, que ante la petición del presidente catalán, Pere Aragonés, de una quita de la deuda que su comunidad tiene con la Administración del Estado, el dirigente popular no se ha opuesto a que pueda aplicarse alguna medida similar en Valencia, como podría ser una quita o establecer cualquier tipo de mecanismo compensación de cara a aliviar la salud financiera. De hecho, la posición de Mazón al respecto no ha sido de total rechazo, a diferencia de la mantenida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A estos preocupantes registros, se debe añadir que Puig también lega una Generalitat con el déficit más alto de todo el país, con un desfase en las cuentas públicas del 3,11 % a cierre de 2022. En términos absolutos, el descuadre –que en la media nacional se situó en el 1,14 %–, equivale a 2.795 millones de euros. Con semejante panorama por afrontar, no es de extrañar que Mazón asegurase que le daba «miedo» lo que se iba a encontrar una vez asumido el cargo de presidente y empezase a gestionar.